Tras dos años de caída en el número de causas, hubo una leve suba y llegaron a 90.360; hay unos 10.000 expedientes trabados
Por Silvia Stang | LA NACION –
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En 2012 se iniciaron 90.360 juicios en el fuero previsional: algo más de 420 por cada día con actividad judicial. En su mayoría, corresponden a reclamos de jubilados y pensionados por el monto o la actualización de sus haberes mensuales. El número es mayor que el de los dos años previos, en los que la judicialidad había disminuido respecto de 2009, cuando se registró un récord, con 103.613 litigios, siempre según los datos estadísticos de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
El año pasado, además, cerró con un máximo histórico en la cantidad de fallos emitidos por jueces de primera instancia. Hubo en total 57.265 sentencias, más que el doble que las firmadas dos años antes, es decir, en 2010, y 33% más que las de 2011. Del total de escritos del año último, el 87% fue por demandas de reajustes de haberes: esa proporción fue subiendo en los últimos años.
El creciente ritmo de resolución de causas en primera instancia, sin embargo, no se refleja en una mayor celeridad en proceso judicial. Por un lado, porque por lo general las sentencias son apeladas. Y, además, porque en una de las tres salas de apelaciones el año terminó con cerca de 10.000 expedientes paralizados.
Esta última situación se derivó del hecho de que la Anses -que es la parte demandada en los juicios por haberes- recusó durante un año y medio y en todas las causas al juez Luis Herrero, integrante de la Sala II. Eso provocó que se acumularan expedientes sin que pudieran ser considerados para su resolución, porque luego de que un tribunal de la propia cámara rechazó las recusaciones la Anses llevó el tema a la Corte. Mientras tanto, Herrero se vio impedido de firmar sentencias. A principios de diciembre pasado, los jueces supremos, mediante un escrito con fuertes cuestionamientos a la Anses, le pusieron freno a la maniobra oficial. Y ordenaron que se le permitiera al juez volver a sus funciones. Hasta ahora, sin embargo, no ha podido destrabarse la situación de esas causas.
Las estadísticas muestran también un incremento del número de apelaciones: en 2012 hubo 45.153 expedientes sorteados entre las salas que revisan los fallos. Si bien la Anses se había comprometido, ante una instancia internacional, a no apelar determinados fallos, eso se cumple parcialmente y muchas causas son sometidas a largas demoras.
En los últimos 11 años, según el registro estadístico, hubo 675.252 causas sorteadas entre los juzgados de primera instancia de la seguridad social. El 57% estuvo concentrado en los últimos cuatro años.
Si bien el fuero recibe reclamos por otros temas, los de los jubilados prevalecen. Y eso explica por qué el número de litigios se incrementó fuertemente luego de que la Corte Suprema declaró, en la causa Badaro, que los ingresos de los pasivos debieron haber recibido una actualización entre 2002 y 2006 no inferior a la evolución que tuvo en ese período un índice salarial, y que resultó de 88,5%. En esos años, pese a la inflación que les quitó mucho poder de compra a los haberes, hubo cientos de miles de pasivos que, por ganar más que la mínima, no recibieron recomposiciones. Y aun con lo dicho por la Corte, la actualización no se otorga por la vía administrativa, sino que cada persona perjudicada debe recurrir a la Justicia.
Desde la Anses sostienen que no se podría disponer una actualización generalizada de los haberes en función de lo dispuesto en el fallo Badaro sin que el sistema previsional entre en quiebra. Eso les expresó el director del organismo, Diego Bossio, a los jueces de la Corte, que analizan un reclamo del defensor del Pueblo de la Nación para lograr una sentencia con efecto colectivo.
El año pasado, en una presentación en el Congreso, Bossio afirmó que había más de 260.000 causas en trámite por razones previsionales.
Esta semana el organismo informó que en enero pagó 1545 retroactivos por juicios ganados por jubilados (se trata de los montos acumulados desde el momento en que se generó el derecho que la Justicia ordena respetar), sobre 1906 fallos liquidados. Esos pagos totalizaron $ 275.731.484.