- Por R. Gómez Mederos
El desarrollo del capitalismo en América Latina desde los 90 en adelante, ha estado marcado por una predisposición política a una forma estado subsidiaria, de los grandes grupos económicos locales, muchos de ellos vinculados a sectores estratégicos de la economía, además socios de las grandes corporaciones transnacionales y del capital financiero internacional, de vínculos políticos y económicos directos con estas corporaciones internacionales, el lobby minero y petrolero ha incidido, o para la reforma o la aprobación de leyes que les benefician. La ley 24 196 aprobada en mayo de 1993 que trata las inversiones mineras, que reglamenta su ámbito de aplicación, que les garantiza 30 años de estabilidad fiscal a las empresas, que establece un régimen especial para las importaciones y también para el envío de divisas a sus casas matrices. Es decir una serie de beneficios extraordinarios como nunca los hubo en el país.
La prospección y zonificación de los territorios ha ido avanzando paulatinamente en la medida de haberse dado una seguidilla de concesiones que han posibilitado a las empresas, subir las cotizaciones de sus acciones en las bolsas más importantes del mundo.
Esa instancia histórica, ha tenido un desarrollo desigual, pero ha ido progresando en el mismo sentido que le ha visto establecerse como un modelo económico y social, propio de una forma de acumulación que insiste en poner a los países emergentes y periféricos, aunque no los únicos, como proveedores de la materia prima que los países en períodos de desarrollo superior, requieren para sus intereses y sociedades, no solamente para proveer los bienes que esas sociedades demandan para su consumo, sino como una forma de reproducción del sistema capitalista.
Hay un sur proveedor y un norte, que también tiene su versión extractiva, que recibe y le da valor agregado a la materia prima de nuestros territorios, sea como insumos para sus industrias, como metales preciosos, como el oro, para usos suntuarios, o para afirmar y consolidar fortaleza financiera de sus reservas o apostando con las acciones de sus empresas en las bolsas más importantes del mundo, cuanto más concesiones territoriales tengan las empresas y demuestren a sus accionistas productividad, más valor tienen estas. En el caso específico del oro, la inversión en este metal puede canalizarse a través de fondos de inversión que, en su mayoría, no invierten en el metal físico sino en compañías mineras o que centran sus actividades en la industria del oro, tales como prospección, extracción y comercialización. Ese sur proveedor, es el sur dependiente de las políticas globales, es el sur subyugado y puesto bajo el mandato hegemónico de las compañías extractoras y financieras, apoyadas y sostenidas por los estados más poderosos, que se disputan los recursos primarios de los países como el nuestro, para resolver su propio crecimiento. La cotización del oro, avanzó un 15,78% durante 2019, lo cual ha acelerado la gula de las compañías sobre nuestros territorios.
En Argentina, hay actualmente, al 14 de febrero de 2023, 119 proyectos mineros en cartera, de los cuales Argentina solo tiene 10, Canadá 50, Australia 22, China 8, Corea del Sur 1, Suiza 3, EEUU 4, Países Bajos 4, Sudáfrica 1, Francia 1, los restantes aparecen sin datos.
Todo este proceso, acentuado en los dolorosos años 90, pero elucubrado y prospectado, previa zonificación y cateo territorial, con anticipación de décadas, ha ido manifestándose de diferentes modos.
Proyectos en cartera. Distribución territorial de los proyectos
El avance sobre los territorios, al igual que los proyectos hidrocarburíferos, en el caso de los proyectos mineros, demarca la cancha a favor de una intensa extranjerización de la tierra, no ya como una colonización permanente, sino, como factorías itinerantes (R.GomezMederos 2000, Corroer la Forma Estado, rebelión.org 2008).
Este avance sobre los territorios no es sino con represión y un aparato propagandístico pagado por las corporaciones en contra de las poblaciones que se opone al ecocidio y la devastación del territorio.
Canadá a la cabeza del saqueo minero en Argentina
La compra de voluntades y de la maquinaria de medios masivos de comunicación es normal y habitual a la hora de incidir sobre la conciencia y la decisión de las poblaciones.
Hay un extractivismo mediático de hecho, donde la compra de voluntades se ejerce en distintos ámbitos sociales y culturales inclusive, es habitual encontrar en publicaciones de libros de literatura el sello de las mineras o jardines de infantes con sillas o muebles donadas por las mineras o petroleras más importantes.
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación Para ejecutar y ver toda la información interactiva :https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWUxN2E1ZDItZTZkMi00NTRiLTllZTMtNDcxMzE1OWI4MmM0IiwidCI6ImNiODg0ZGI1LTI0ODUtNGY5Yi05MzhlLTNlNjIxZjIyMjU3YiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection |
Dos profundizaciones y desarrollo hay en el fondo de la reedición de un modelo de extracción intensivo de la mano del capitalismo contemporáneo. Por un lado la dependencia de las mega infraestructuras y el monopolio de la mecánica de gran magnitud, manejada solo por las grandes extractoras mundiales, imposible de desarrollar en países con dependencia y ataduras económicas, como la deuda externa que hacen imposible el desarrollo de ciertas industrias de capital intensivo. Y por otro lado el descubrimiento, intensificación y desarrollo de software, tecnología satelital y procesos tecnológicos en 3D aplicado a la exploración en capas de territorios cateados como ricos en minerales críticos y estratégicos , fundamentalmente metalífero, pero además una tecnología preparada para capturar lo que queda de los grandes yacimientos mineros , es decir , de baja ley ( dícese baja ley es una medida que describe el grado de concentración de recursos naturales valiosos (como los metales o minerales) presentes en una mena, roca). Esto es fundamental comprender, porque este desarrollo tecnológico lo hegemonizan y monopolizan las grandes corporaciones y los países imperialistas como EEUU. Otro caso es el monopolio de la tecnología 3D aplicada al Off Shore, o la tecnología horizontal aplicada a la extracción fracking de petróleo o la lixiviación con cianuro en la mega minería.
Todo este proceso media directamente sobre la legislación de los países intervenidos, afectados directamente por los Enclaves económicos que se establecen como grandes factorías itinerantes (R.GomezMederos 2000, Corroer la Forma Estado) sobre los territorios ocupados, instaurando verdaderos países virtuales, poniendo la Soberanía Política junto a sus Recursos Naturales (bienes comunes) incidiendo brutalmente en el Medio Ambiente, el Bien Agua fundamentalmente ,como también afectando todo el Sistema Energético.
La sucesión de todo el proceso de desregulación y de privatización a gran escala y de mercantilización de la energía, ha estado antecedido por una política instaurada a sangre y fuego, que en definitiva tenía como norte la apropiación de nuestros bienes comunes naturales.
Los trabajadores y trabajadoras de la energía debemos profundizar y conocer de fondo el problema de nuestros bienes comunes, porque somos parte del problema, porque somos soberanos, pero fundamentalmente porque tenemos la responsabilidad histórica de construir una sociedad justa y un territorio sano y vivible.
La energía: commoditie de alta rentabilidad para las empresas
Desde los infructuosos años 90 en adelante, la política energética en general no ha parado de alimentar y re alimentar un esquema, que estructuralmente ha entregado lo poco que quedaba, patrimonialmente hablando, de bienes públicos. La atadura y la naturalización de ese modo de operar y gestionar la política energética, ha establecido como prioridad un esquema rentístico de ganancias extraordinarias casi completamente privatizado en el sector producción, el cual produce ingentes saldos exportables, principalmente en la remesa de bienes hidrocarburiferos en bruto hacia e exterior y de una manera en que, las corporaciones internacionales que operan el sector, nunca pierdan. Claro, las empresas están en el negocio porque quieren ganar, pero tienen ganancias extraordinarias que aceitan un esquema de monopolización tecnológica, que condiciona tácitamente al país, y nos ubiqua en un escenario de dependencia, en este caso tecnológica, lo que en definitiva decanta en una dependencia política y ata a la soberanía territorial, bajo el modelo de concesiones, a los grandes centros de poder.
La consolidación del Off Shore
La emergencia de nuevas tecnologías, las cuales son desarrolladas en los países con avance creciente en los tipos de dispositivos y procesos Know how, los cuales posibilitan a las empresas monopolizar sectores de la economía, y les da ventaja para encabezar sus negocios a escala global.
Las ventajas tecnológicas establecen nuevos métodos, que aplicados a los distintos formatos de extracción intensiva de materia prima, constituyen no solo la posibilidad extractiva, que anteriormente era muy costosos
Argentina tiene prorrogada las concesiones, por diez años más, a partir del 2031, a tres empresas privadas sobre la superficie de la Cuenca Marina Austral, para lo cual, aprobó un plan de inversiones de 700 millones de dólares, en abril del 2022 a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial; Total Austral sucursal Argentina y Winter hall Dea Argentina, las cuales poseen cada una un 37,5 % de la explotación, y a Pan American Sur, titular de un 25 %.
En todo este proceso el offshore revive en medio de un esquema híper tecnológico de la mano del 3D y de la zonificación satelital.
Lo que el actual gobierno refrendó con la ley de hidrocarburos, tuvo un álgido desarrollo en el 2018 con la licitación de 14 bloques en la Cuenca Argentina Norte (130.000 km2), 18 en la Cuenca Malvinas (90.000 km2) y 6 en la Austral Marina (5.000 km2). Un total de 38 bloques que suman 225.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino. Una superficie similar a Uganda, licitaciones que se extendieron hasta los primeros meses de 2019. Aunque a decir verdad, el impulso fue en el programa exploratorio offshore desarrollado entre 2006 y 2011, que requirió la perforación de 8 sondeos de los cuales 4 fueron en el Golfo de San Jorge entre YPF y Petrobras, 3 en la Cuenca Austral entre YPF y Sipetrol y 1 en Cuenca Malvinas realizado por YPF, PAE y Petrobras; todo ese proceso de exploración-zonificación tuvo el colorario con la concesión del mar adentro a 13 empresas que ganaron licitaciones con el gobierno para explorar y explotar una amplia zona del norte del mar nacional, y otra en el mar del sur, cerca de las islas Malvinas.
Se impulsa iniciar con un primer pozo exploratorio -llamado Argerich- a 300 km de la ciudad costera de Mar del Plata, con lo cual se consolida la intrusión de nuevo modelo de transnacionales del offshore de la mano de las nuevas tecnologías
Para el gobierno actual “Los tres ejes de la política energética para el próximo año son: la promoción del sector hidrocarburífero, el desarrollo del sector eléctrico, con la consiguiente diversificación de la matriz energética de la Argentina y el impulso a la eficiencia energética. Además, vamos a re direccionar la política de subsidios”, expresó Royon. (05 de octubre de 2022)
El problema energético argentino reside fundamentalmente en dos cuestiones centrales que colisionan entre sí de manera constante: por un lado, la imperiosa necesidad de dólares para cumplir con los compromisos internacionales de pago de la deuda, los cuales se consiguen, según el concepto de sucesivos gobiernos, a través de un esquema económico basado en la exportación de commodities y materia prima de alta rentabilidad, por otro lado, Argentina debe resolver de manera urgente, el ahorro de las erogaciones energéticas, los cuales es parte del gasto público necesariamente imprescindible; Argentina tiene un fuerte gasto en la importación de energía, tres ejemplos concretos: de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos (Indec), el gasoil encabeza la lista de productos que más se importaron en materia energética: en él, se gastaron u$s 2669 millones en el primer semestre, en un escenario crítico por los faltantes en los primeros meses del año. En segundo lugar, aparece el gas natural (licuado y en estado gaseoso), con compras en el exterior por u$s 2155 millones. Le siguen la gasolina (u$s 492 millones) y el fuel oil (u$s 421 millones). Un total de 5737 millones de dólares.
Mientras argentina gasta esta cantidad de millones de dólares en importar energía, por otro lado hay un fuerte discurso, repetido por sucesivos gobiernos, que Vaca Muerta viene a solucionar los problemas de autonomía energética en Argentina.
El agua en disputa
En 2020, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, demostrando la importancia mercantil que tiene para las grandes empresas, y de cómo será el escenario futuro en relación a este bien común. En Argentina, alrededor de 7 millones de personas no tienen acceso a una red pública que los abastezca de agua potable, pero además, y sumado al desequilibrio ambiental y eclógico, que está produciendo el cambio climático los pequeños y medianos productores agrícolas, lindantes con los megaproyectos, ya sean mineros o hidrocarburíferos, tienen que lidiar, por un lado, con las sequias constantes y por otro lado con la imposibilidad de usar el agua del rio, por la contaminación que producen estos megaproyectos.
“Los vecinos de la capital nacional del fracking no tienen agua, pero a 20 kilómetros de ellos se desarrolla una técnica hidrocarburífera que gasta millones de litros. Los pozos más grandes, como los de Tecpetrol, usan 90 millones de litros de agua en cada proceso de fractura, el equivalente a unos 3800 camiones cisternas al tope o lo que gastaría una familia en 120 años de consumo. Las empresas pagan por esa agua que usan 4,9 pesos el metro cúbico, es decir, mil litros de agua a menos de cinco pesos. Entonces, por un pozo grande gastan hasta 450 mil pesos que a priori parece mucho, pero que no llega a ser el 0,01% de lo que reciben por subsidios”, explica Fernando Cabrera, investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
En el mismo sentido Cabrera explica “Entre el 20 y el 80% de esos millones de litros usados en los pozos retornan y se vuelven a inyectar en otros pozos sumideros o piletas abandonadas. Esa agua, a la que se le habían inyectados químicos, algunos de ellos probadamente cancerígenos, para la técnica de fracking, se mezcla con los minerales y todo lo que se arrastra del subsuelo, pero no existe ninguna información o estudio publicado sobre el tratamiento que reciben. Lo que sí es evidente es el peligro de que esa agua residual filtre hacia abajo y contamine otros acuíferos o fuentes de agua pura”
Pero la disputa por el uso del agua se extiende por todo los espacios del extractivismo la mega minería, el fracking, el avance sobre las grandes extensiones de bosque nativo por las corporaciones de la soja transgénica, que afecta directamente el ciclo del agua.
Como lo informaba la Asamblea Jáchal no se Toca Jáchal está ubicado “aguas abajo” de la mina Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold, recientemente también propiedad de la china Shandong Gold. En septiembre de 2015, en uno de sus derrames, vertió más de un millón de litros de solución cianurada al cauce del río Potrerillo, contaminando, además, otros cuatro ríos.
“La megaminería sigue destruyendo glaciares y ocupando agua. En diciembre realizamos varios cortes de calles denunciando esta situación, pero vivimos en una provincia que censura y criminaliza la protesta. Hubo detenciones solamente por pedir agua”
Todo este proceso abierto en donde gran parte de los sectores de la economía confluyen, está mostrado la verdadera cara de este modelo extracivista financierizado.
Hoy Jujuy vive una lucha sin cuartel contra el gobierno de Morales, pero en el fondo es una lucha por la vida, en contra de saqueo del Litio y de toda forma de explotación de los trabajadores y de la naturaleza.