Julio Acosta, Sec. Gral de la FeTERA.
Una vez más EDESUR da la nota como responsable de un inmenso apagón que abarca gran parte de CABA y del AMBA (sur y oeste de la provincia de Buenos Aires). Su larga lista de apagones va desde la privatización de la empresa estatal SEGBA, desde 1992 con ENERSIS, de origen chileno y Pérez Companc como propietarios.
Posteriormente cambia de propietarios y se conforma EDESUR, empresa controlada por la estatal italiana ENEL que se hizo cargo de la distribución concesionada por el Estado, de una amplIa zona geográfica con más de 2.600.000 usuarios.
ENEL y un grupo de empresarios argentinos que controlan EDESUR, son los históricos responsables de los reiterados cortes que afectan a cientos de miles de usuarios. Todos los años se reiteran cortes prolongados que incluso han durado días, brindando un servicio absolutamente deficiente a usuarios y vecinos, ocasionando enormes pérdidas por los cortes habituales, hundiendo a los ciudadanos en una incertidumbre permanente sin ofrecer garantías de un servicio estable y de calidad, como lo exigen los pliegos de licitación.
EDESUR tiene la operación del servicio de distribución eléctrica en gran parte del sur y el oeste del AMBA, con 2,6 millones de usuarios y, además de ENEL, actualmente tiene como socios a Eduardo Escasany, accionista del Banco Galicia, Miguens Bemberg, ex dueño de Cervecería Quilmes, Guillermo Pérez Moore, poderoso empresario de la construcción. También, durante un largo periodo, tuvo como socio a Nicolás Caputo, primo del actual Ministro de Economía de Javier Milei.
A pesar de que sobran razones legales para quitarle la concesión del deficiente servicio eléctrico a EDESUR, ningún gobierno hizo el intento de expropiación. Todos le otorgaron descomunales tarifazos que llegaron a niveles escandalosos, de entre 3.500 % y 5.000 %, dependiendo de la categoría y el consumo del usuario, como fue durante el gobierno de Macri que se descargaron sobre la clase trabajadora y la pequeña y mediana empresa, principalmente.
Otros gobiernos subsidiaron las tarifas a un nivel equivalente a casi el 2 % del Producto Bruto Interno a las empresas del Sector Eléctrico Privatizado. De esta manera, las empresas privatizadas se garantizaron una renta extraordinaria, creciente, sin control del Estado. Nunca se les exigió realmente que realizaran las inversiones necesarias para garantizar un servicio eficiente.
Las Audiencias Públicas sobre tarifas jamás discutieron los derechos de los usuarios. En las mismas solo se contemplan los intereses empresariales.
Hoy se vive un nuevo apagón, con consecuencias que se podrían haber evitado frente a la desidia empresarial. Ante ésta situación algunos intendentes habían reclamado al gobierno anterior a Milei, la reestatización o la cooperativización de la empresa privada.
En apenas un año del gobierno de ultraderecha las tarifas eléctricas aumentaron un 369 % y la calidad del servicio es tan malo como antes. Hoy quedaron fuera del servicio eléctrico alrededor de 550.000 usuarios, debido a una falla de una doble terna de Alta Tensión que controla EDESUR.
El modelo privatizador no fracasa. Tiene un completo éxito, sostenemos desde FeTERA. El modelo no se propone un servicio confiable que acompañe el desarrollo y las necesidades de los usuarios. Para el modelo privatizado la electricidad es una mercancía. Persigue la ganancia, cuanto mayor sea el beneficio, menores serán las inversiones, porque la voracidad empresarial siempre demandará más y más rentabilidad, por esa razón falta inversión en mantenimiento, obras y capacidad operativa.
La energía es un derecho humano. Nadie puede vivir, educarse, curarse, o alimentarse sin este vital elemento. El único que puede garantizar el acceso a este derecho es el Estado. Por eso hay que recuperar el camino público de los servicios esenciales. Porque es parte de la responsabilidad de los Estados garantizar el acceso a la energía, gas y el agua.
Con el modelo privatizador no hay solución para los usuarios. Tampoco habrá acceso para todos y todas. Menos aún habrá tarifas justas para los hogares que sufren pobreza energética y que deben optar entre alimentar a sus familias, o pagar elevadas tarifas.
La solución pasa por desandar el modelo neoliberal, reestatizar, nacionalizar, provincializar o cooperativizar para recuperar soberanía energética. Para que la energía sirva a los intereses sociales nacionales y no para las multinacionales y a un grupo reducido de empresarios.
Es responsabilidad del conjunto de la sociedad terminar con esta larga noche de saqueo. Corresponde aglutinarse para detener el despojo a los bolsillos de las y los argentinos. Sindicatos, asociaciones de usuarios, organizaciones sociales, legisladores, instituciones de la democracia, deben ocuparse de este flagelo neoliberal que ya lleva mas de 30 años.