En la FeTERA venimos sosteniendo desde su fundación que la energía, es un derecho humano fundamental y es el Estado quien debe garantizar el derecho a su acceso para una calidad de vida digna.
En el actual modelo privatizado de los servicios públicos, el Estado no puede garantizar estos derechos fundamentales. Está comprobado después de décadas de crisis energéticas recurrentes que los usuarios son víctimas de un saqueo a sus bolsillos, organizado legalmente y despojados de sus derechos como usuarios tanto por la empresa privada como por los sucesivos gobiernos.
Cada usuario debe tener garantizado el derecho a un servicio confiable. El suministro eléctrico debe ser de calidad, no puede tener variaciones en la tensión demandada y los cortes deben ser informados para que los usuarios puedan tomar las previsiones necesarias.
Cuando el servicio brindado no es eficiente y se sufre un corte no programado, se tiene el derecho a reclamar y a que su pedido sea atendido inmediatamente, a ser informado debidamente de las causas del corte, o mala calidad del servicio provisto
También de gozar de un suministro seguro. Tiene derecho a ser reparado su perjuicio, cuando por defectos del suministro son afectados los artefactos eléctricos y sus instalaciones.
Las empresas privadas nunca han brindado un servicio eficiente, accesible y con tarifas justas. Ese derecho es violentado con regularidad sin que quienes gobiernan cumplan con su rol fundamental como es el de proteger los derechos de sus ciudadanos. Por el contrario, actúan en protección del Dios libre mercado y de las empresas y la característica principal del servicio eléctrico es su inestabilidad.
La concesión del servicio público esencial establece tres exigencias fundamentales a la que están obligadas a prestar las empresas privatizadas.
– El servicio prestado debe ser continuo
– El producto brindado a los usuarios debe ser de calidad sin variaciones en tensión y potencia requerida
– La empresa privada debe garantizar una adecuada atención al usuario y su relación debe ser de calidad.
En el área de concesión otorgada a las empresas privadas millones de usuarios residenciales, comerciales, industriales o entes estatales sufren las consecuencias de un servicio deficiente brindado por empresas que no cumplen con las obligaciones básicas del pliego de concesión. Mas de 9.000.000 de seres humanos, viven todos los años la vulneración de un derecho esencial, sólo en el AMBA
El Estado tiene obligaciones, es el poder concedente. Es quien debe controlar a las empresas y garantizar sobre la continuidad del servicio, sobre la calidad del suministro eléctrico y sobre la atención y respuestas rápidas y adecuadas a los usuarios. Es decir, controlar que las empresas cumplan con sus obligaciones con los pliegos de concesión y proteger los intereses de los usuarios que son nada más ni nada menos a los cuales debe resguardar sus derechos.
Ese rol, claramente no lo cumple y la sociedad, los usuarios, son violentados y abandonados a merced de la voracidad de ganancias de las empresas de servicios privatizadas.
El primer apagón ocurrido el 15 de febrero de 1999, se produjo una falla masiva en una subestación de San Telmo que afectó a más de 600.000 usuarios de varios barrios porteños que se vieron obligados a vivir sin energía durante 11 días. Ese calvario se repite todos los años
Desde entonces está demostrado que las empresas privadas brindan un servicio malo, con cortes reiterados, prolongados y de una gran extensión, que abarca a cientos de miles de usuarios cada año. La avaricia empresaria privilegia la obtención de ganancias extraordinarias y protege ese único interés. Presiona constantemente para que las tarifas aumenten o para recibir subsidios.
Los apagones y la crisis energética de cada año se convierten en una herramienta eficaz para aumentar ganancias sin invertir.
Los gobiernos de todo tipo que se han sucedido nunca tomaron medidas para resolver la crisis y siempre satisficieron con tarifazos o subsidios las demandas de las empresas privatizadas.
En un verdadero accionar de pinzas, los derechos de los usuarios fueron abandonados. Para las empresas y los gobiernos, el derecho a la energía no se considera, ni se defiende. Tampoco se trata como un servicio esencial para la vida. El pésimo servicio brindado desde hace más de dos décadas nunca fue considerado como un problema social a resolver.
Todos saben, gobernantes y empresarios que el problema fundamental de las crisis reiteradas es originado por la falta de inversiones. Inversiones que no se hacen porque las empresas buscan ampliar, maximizar ganancias. Ese es su objetivo, es su lógica. No les alcanza con ganancias razonables y simultáneamente producen un despojo a los bolsillos de los usuarios que pagan mucho por un servicio deficiente y producen una inflación constante porque al ser un insumo esencial para la producción, inmediatamente cada aumento de tarifas se traslada a precios.
Todos estos años los gobiernos le dieron continuidad a un Estado que funciona para garantizar rentabilidad a las privatizadas, con aumentos de tarifas que llegaron a más del 3000% en un sólo gobierno. Otros gobiernos otorgaron subsidios a las empresas y como si eso no alcanzara para satisfacer la avaricia empresaria le condonan deudas astronómicas que debe enfrentar el Estado bobo, profundizando el despojo y el saqueo al bolsillo del conjunto de la sociedad.
Los gobiernos, como poder concedente, nunca controlaron ni exigieron eficazmente que se realizaran las inversiones necesarias, aún con los cortes de todos los años y sabiendo que se producían por la irresponsabilidad empresaria.
El desamparo afecta a todas las clases sociales, trabajadores, empresas, comercios, ancianos, electrodependientes. Frente a la profundidad de la crisis nada hicieron.
¿Acaso no se preveía que la demanda crece en ciertas épocas del año sabiendo que el sistema no resistía ese mayor consumo?
¿Acaso el Estado estaba impedido de realizar controles y de exigir inversiones?
¿Qué le impide intervenir a los gobiernos en protección de los derechos de los ciudadanos?
Ahora frente a la magnitud de la crisis y al descontento popular el gobierno interviene a una empresa, EDESUR. Ahora entiende frente a las próximas elecciones que los cortes son responsabilidad de la empresa.
Lo que primero se interpretó como un primer paso de estatización de un servicio de carácter estratégico y esencial para la vida y la producción, rápidamente fue descartado por el mismo gobierno. Para apagar las alarmas encendidas en el bloque dominante y el FMI, aclaró que la intervención sólo era administrativa y que no se trata de un primer paso para quitar la concesión a la empresa. Por si hiciera falta, el gobierno asegura públicamente que no se propone afectar la propiedad ni el contrato de concesión, tampoco va a afectar los activos de la empresa
La intervención, de la que no se tienen noticias, es una medida cómoda que se produce cuando estiman que va a caer la demanda por razones estacionales y se proponen hacer un informe que va a llevar meses.
Ese informe se elevará al Congreso de la Nación que también va a tardar meses en expedirse, se lo devolverá al gobierno, las elecciones pasarán y que se haga cargo el próximo gobierno y el próximo gobierno le va a echar la culpa al gobierno anterior de la crisis energética que reciben, le van a dar continuidad al modelo privatizado y los usuarios a bancar nuevos tarifazos, más subsidios o condonaciones de deudas con nuevas crisis.
En definitiva, el gobierno interviene para no resolver nada, sólo va a esperar que el mercado resuelva y la empresa se venda.
La única manera de resolver las crisis recurrentes en el sector eléctrico es con soberanía energética.
El servicio público esencial debe volver a ser considerado un sector estratégico, y el acceso a la energía un derecho humano fundamental y sus tarifas deben ser justas. Para ello hay que cambiar el modelo, abandonar el modelo privatizado atado a la extranjerización de los precios de la energía y los bienes energéticos y dejar de considerar a la energía como una mercancía.
Las privatizadas nunca cumplieron con el contrato de concesión porque nunca invirtieron lo suficiente para garantizar un suministro eléctrico estable y de calidad.
Argentina debe recuperar soberanía energética. Debe recuperar soberanía en la generación, transmisión y distribución eléctrica. Debe tener una gran empresa de energía nacional, re estatizar el sector con participación de los trabajadores y los usuarios para decidir cuanta energía producir, para quien producir, cómo atravesar la transición sin resignar soberanía y para qué proyecto o modelo de desarrollo nacional.
Argentina debe cambiar el modelo productivo de primarización de la economía, por uno de desarrollo que genere empleo, salarios dignos y para ello debe recuperar la renta energética hoy en manos de empresas fugadoras de capitales.