Algunas definiciones y posicionamientos
La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA, ha concebido desde su fundación que la energía no es una mercancía, es un Bien Común y un Derecho Humano.
Desde este punto de vista, rechazamos y enfrentamos todo el proceso de privatizaciones llevado adelante y sostenido desde la década de 1990 y mantenemos nuestra lucha para lograr la recuperación soberana de los yacimientos de gas y petróleo, de todos los recursos naturales privatizados y de las empresas de servicios públicos, que deben volver a garantizar los derechos e intereses de los usuarios y ponerse al servicio del desarrollo de una industria local que sustituya importaciones, impulse el desarrollo de ciencia y tecnología propios y garantice la construcción de políticas soberanas y regionalmente solidarias.
Los hechos
Ante el desarrollo de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19. El gobierno nacional ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia 311/ 2020 sobre Abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago.
La queja de ADEERA
Ante esta difusión la ADEERA, ha mostrado su preocupación por que ha “percibido que la interpretación y la difusión errónea o indebida de los alcances del decreto llevó a que una parte importante de nuestros consumidores no abone su factura por el servicio eléctrico, sin mayor justificación y a pesar de no estar incluidos en las excepciones” y además, “apela a la solidaridad y responsabilidad de aquellos sectores de la comunidad que se encuentran en condiciones de afrontar el pago del servicio público de electricidad que efectivamente reciben, de modo de posibilitar una prestación que incide en el desarrollo de toda la economía del país, posibilita mantener en funcionamiento hospitales y centros de salud tan importantes en este momento y garantiza el normal desarrollo de la cuarentena”.
Una organización asimétrica
ADEERA es una organización constituida por empresas que se desempeñan en la etapa de Distribución de la industria de la electricidad y está integrada por grandes multinacionales, empresas cooperativas, tanto grandes como pequeñas y empresas estatales que administran y facturan la energía que circula por las líneas de media y baja tensión, tanto para uso doméstico como para la industria y el comercio.
La naturaleza de sus socios no solo es diversa, sino que además contradictoria, desde el punto de vista de los intereses que representa cada una.
En ADEERA conviven empresas como EDEA, EDELAP, EDEN, EDES y la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. todas controladas por el monopolio que preside Rogelio Pagano desde DESA (Desarrolladora Energética SA). Este monopolio ha acumulado una rentabilidad de más de 10.400 millones de pesos en los últimos 2 años y vende el 65% de la energía que se consume en la provincia de Buenos aires, facturándoles a 1.770.000 usuarios.
En ADEERA también conviven Marcelo Mindlin (Pampa Energía/EDENOR) y Nicolás Caputo (ENEL/EDESUR).
Estos tres monopolios, le venden electricidad al 49% de los usuarios del servicio de electricidad a nivel nacional. Pero además, los dos últimos están integrados verticalmente al controlar empresas transportistas de energía, Transener y Transba y también operan en gas y petróleo.
ADEERA, está integrado además, por empresas provinciales y cooperativas de electricidad, que entre todas, integran el grupo de los socios menores, muchos de los cuales no llegan a recaudar para poder pagar la energía que distribuyen.
El desguace y los intereses monopólicos
El sistema eléctrico argentino, construido por el Estado Nacional y el Movimiento Cooperativo para enfrentar a los monopolios extranjeros, garantizar el derecho a la energía e impulsar la industria nacional, fue casi totalmente desguazado y entregado a los capitales privados, en porciones a las que se denominaron unidades de negocios. Esto sucedió en la década de 1990 y hasta el día de hoy se profundiza la lógica mercantilista, que beneficia al capital concentrado, produciendo tarifazos, conformando monopolios u oligopolios, vaciando o anexando empresas, ahogando económicamente a las cooperativas, remesando mucho dinero al exterior, evadiendo los convenios colectivos de trabajo, mediante la conformación de empresas tercerizadas, negando el derecho a la energía y por sobre todas las cosas, actuando en estructuras que encarecen artificialmente las tarifas y desalientan tanto el consumo doméstico, como el industrial.
Todo con la complicidad del Estado, que actuando como socio bobo, habilita la injusticia del sistema y la naturaliza.
En cuanto a los usuarios, este sistema no permite emitir opinión, menos aún controlar el aumento de tarifas, que entre 2015 y 2019 fue, en promedio, del 2800% para los residenciales, que en su gran mayoría afrontan las facturas con salarios devaluados o jubilaciones paupérrimas.
Conclusión
El DNU 311/2020 ha intentado proteger a las capas más empobrecidas de la sociedad del corte del servicio de electricidad, justamente cuando se está exigiendo a toda la población el cumplimiento de una cuarentena obligatoria.
La actitud de muchos usuarios, al evitar el pago de las facturas, aunque no integraran las categorías de beneficiarios, constituye un mensaje, hacia las empresas y hacia el Estado.
El enorme aumento de tarifas sufrido en los últimos años, no solo se verificó a través de la factura de servicios, también encareció la producción de alimentos, bienes, servicios, transporte y dio lugar a una fabulosa inflación y enorme transferencia de riqueza desde los sectores asalariados y más empobrecidos, hacia los sectores de mayor concentración económica, caracterizados por su constitución monopólica y oligopólica.
Este mensaje no puede ser desoído.
No solo se trata de un reclamo por las tarifas, esto tiene que ver con el derecho y con el deseo de vivir en una sociedad más justa e igualitaria.
Al fraccionar la industria eléctrica en unidades de negocio, se crearon las condiciones para el encarecimiento del KW.
Esto se potencia con la dolarización de las tarifas rero también con el precio interno de los combustibles.
El 60% de la generación eléctrica en Argentina la realizan centrales térmicas que consumen gas o combustibles derivados del petróleo. El precio interno de estos combustibles dolarizados y relacionados con precios internacionales, eleva artificialmente el valor del combustible para las usinas (y para todos) y por lo tanto el del KW generado.
La fragmentación de las industrias, impuesta por el modelo privatizador, para generar ganancias artificiales, también contribuye a incrementar el valor del KW.
El camino del tarifazo, no comienza en la usina. Comienza en el pozo petrolero y se alimenta mediante una larga cadena de compras y ventas entre el petrolero y la refinería, entre la refinería y la distribuidora de combustibles, entre esta y los generadores, entre estos y las empresas que transmiten en alta tensión y entre estas empresas y la distribuidora, que termina facturando al usuario las tasas de ganancias de todos esos actores más los impuestos.
Pero el tarifazo no termina allí
Además las empresas reciben subsidios y compensaciones, para realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.
No existe capacidad de verificación por parte del Estado de que estas inversiones se realicen realmente.
No hay manera de saber si las empresas cumplen con sus compromisos de inversión o si el dinero se pierde en el exterior en forma de utilidades para los accionistas.
La gran pregunta es ¿para qué necesitamos monopolios y oligopolios, concentradores de riqueza, que capturan la renta energética y la utilizan para distribuir entre accionistas que, o no viven en nuestro país, o fugan el dinero a los paraísos fiscales sin que nuestra sociedad pueda aprovechar nada de esa riqueza.
La Argentina necesita revertir las privatizaciones de los recursos naturales y de las empresas de servicios públicos.
La Argentina necesita garantizar la soberanía energética y poner en marcha un nuevo proceso productivo que genere mucho trabajo, produzca mucha renta e impulse una etapa de crecimiento económico.
La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, reclama la urgente apertura de este debate. En la década de 1990, las privatizaciones se llevaron adelante sin consulta popular.
Creemos que ha llegado la hora, luego de treinta años de experiencia, de discutir abiertamente la recuperación de nuestra soberanía.
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA)
7 de abril de 2020