Por Julio Acosta. Sec. Gral. de FeTERA.
Como todos los años, en los momentos más necesarios, los usuarios de las empresas privatizadas sufren cortes prolongados que abarcan amplias zonas geográficas y afectan a miles de ciudadanos.
En estos tiempos la Energía está considerada como un derecho fundamental y es considerada como esencial para el desarrollo de la vida y la actividad económica. Para la FeTERA además, es un bien social y la propiedad debe ser pública. Debe estar en manos del Estado, con participación de usuarios y trabajadores, trabajadoras en la gestión y control del servicio público.
Desde hace treinta años las privatizadas obtienen ganancias extraordinarias sin realizar las inversiones necesarias para garantizar un servicio seguro y accesible para todos y todas. Claramente esto no ocurre. Las privatizadas solo persiguen el lucro sin importar la calidad de vida de los usuarios, sean residenciales, ancianos, niños o electrodependientes, comercio o industria. Todos son afectados por igual.
Todos sufren las consecuencias de la voracidad empresarial por ampliar ganancias. Mientras tanto los gobiernos solo están para garantizar que las empresas ganen cada vez más con tarifazos o subsidios y no exigen las inversiones necesarias que eviten los cortes. Cortes que sirven a su vez, para que las empresas pidan más aumentos de tarifas.
Las transformaciones neoliberales de los noventa, pusieron de rodillas al Estado frente al gran capital y las privadas. Esta política sigue vigente, ningún gobierno sea del signo que sea, ha intentado renacionalizar y reestatizar este servicio de carácter estratégico y esencial.
En manos privadas, es inocultable la recurrente crisis energética con cortes masivos, y en ésta situación, la Secretaria de Energía no juega ningún rol eficaz en protección de los derechos de los usuarios. No toma ninguna medida que resuelva definitivamente los cortes y la falta de inversiones.
Es imperioso cambiar el modelo de propiedad del sector energético porque fracasó el modelo privatizador a consecuencia de la falta de inversiones y mantenimiento, no sólo en distribución, también en transporte y generación. Si verdaderamente se piensa en la gente hay que terminar con este modelo, porque está claro que el sistema está cada vez peor, asentado en la maximización de las ganancias de las privatizadas de capitales especulativos locales o transnacionales.
Este círculo vicioso de cortes masivos, prolongados y que abarca a amplias zonas con tarifazos y subsidios incluidos, constituye una verdadera estafa al pueblo.
Otro modelo es posible y necesario
Un modelo basado en la Soberanía Energética que sirva como palanca para transformar el modelo productivo, que impulse el desarrollo y la creación de empleo. Un modelo asentado en la propiedad pública o cooperativa de las empresas de energía. Un modelo donde la energía no sea considerada una mercancía. Un modelo donde el Estado, los usuarios, los trabajadores y las organizaciones sectoriales vinculadas administren, gestionen y controlen empresas de nuevo tipo.
Cambiar el actual modelo privatizador y extranjerizador por uno estatal y solidario es una necesidad urgente. Hay que rescindir las concesiones por incumplimiento. Sólo falta abandonar el doble discurso, tener convicciones, voluntad política y recurrir al pueblo y sus organizaciones para recuperar soberanía sobre la energía y los recursos naturales o bienes comunes.