Documento del Congreso Nacional FeTERA – 18 y 19 de noviembre 2021 – Mar del Plata
Desde la crisis de los años 60 y 70 del siglo pasado existe una respuesta global del capital hacia la privatización de la actividad económica. Es lo que se ha denominado “neoliberalismo”, que curiosamente se sustenta con una fuerte intervención del Estado a favor de la iniciativa privada. Para el caso argentino, ese programa se desplegó desde la dictadura genocida en 1976, se pone en ejecución un plan económico de concentración de la riqueza que para ser ejecutado debía cercenar las conquistas del movimiento obrero organizado. La crisis es económica y social, y sus consecuencias la desindustrialización, despidos masivos, intervención de los sindicatos, huelgas, el éxodo desde el ámbito rural hacia los conglomerados urbanos de miles de familias. La resistencia obrera tiene en la memoria el Cordobazo, el Tucumanazo, el Rosariazo, también los Programas obreros, que son las grandes manifestaciones de resistencia de los trabajadores que apoyados por el pueblo enfrentaron a la violencia del sistema. La dictadura ejecutó el Terrorismo de Estado aplicando un programa de exterminio y persecución a los dirigentes y luchadores sociales mientas se continuaba con la ejecución del plan económico que, además ahora, tenía como objetivo el brutal endeudamiento externo, el desmantelamiento de las empresa estatales cuyo objetivo fue cumplido en la década del 90’ por los nuevos representantes del neoliberalismo y completado en la última década del Siglo XX, siendo potenciado en los últimos años, especialmente en materia de hidrocarburos.
La gran expectativa de las clases dominantes en el país se asienta en la explotación de los hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta) e incluso en la oportunidad de negocios que supone la transición energética hacia fuentes no renovables. La búsqueda del Estado se orienta a inversores transnacionales que exploten las fuentes convencionales y no convencionales de hidrocarburos, al tiempo que estimulan inversiones en fuentes alternativas de energía, potenciando una matriz productiva de origen extranjero.
Para hacer eso posible se facilitan pretensiones monopólicas que favorecen la rentabilidad de las inversiones, tal el caso del acuerdo secreto de YPF (de gestión estatal) con CHEVRON. En ese sentido se pretende reducir el costo laboral con mejoras fiscales, facilidades para la remisión de utilidades y una consecuente acción para disminuir o eliminar derechos sociales, sindicales y laborales de trabajadoras y trabajadores.
El objetivo de este modelo es que la energía se transforme en una mercancía y como consecuencia afecta el derecho al acceso a la energía que sustentamos desde el origen de la FeTERA, por cuanto el derecho a la energía es un derecho humano y constituye el eje conceptual de la reivindicación que enarbolamos desde la FeTERA, que está acompañado de una lucha por la soberanía energética, lo que supone asegurar entonces la producción y circulación de las áreas de la energía en manos del pueblo, por las diferentes vías de emprendimientos comunitarios, cooperativos, autogestionarios y/o estatales. La universalización y descentralización de los servicios de energía, de la comunicación, y de otros bienes esenciales para asegurar la vida digna será posible con decisión política y participación popular.
La lucha en contra de la privatización y extranjerización de la actividad energética constituye el eje de nuestra propuesta relativa a la Energía. Rechazamos una transición subordinada a las transnacionales. Es esta una oportunidad para recuperar soberanía energética. Sin soberanía energética no es posible cambiar el actual modelo productivo basado en el extractivismo, el saqueo, la depredación de los recursos y el medio ambiente y la extranjerización que consolida el sistema capitalista dependiente.
En este contexto queremos reivindicar a la energía nuclear como una fuente energética libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un amplio consenso internacional en que esta forma de energía va a jugar un rol importante en la transición energética. Nuestro país ha alcanzado un grado importante de desarrollo en esta tecnología que encierra la posibilidad de lograr seguridad energética y autonomía tecnológica. En particular la Argentina eligió e invirtió sistemáticamente durante más de 50 años en desarrollar localmente la línea de uranio natural y agua pesada y su profundización nos permitiría transitar un camino virtuoso que dinamizaría importantes sectores impulsando el desarrollo industrial, en particular de sectores PyME, con la consiguiente expansión de mano de obra altamente calificada y bien remunerada y con una participación protagónica del Estado argentino. La incursión en otras tecnologías nucleares también sería positiva en la medida que implicase una fuerte participación nacional que incluyese la fabricación local del combustible.