El lunes, el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, dispuso la intervención judicial del Fondo Compensador del sindicato de Luz y Fuerza, tras el pedido realizado por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega. El pedido procede luego de que procesara a una veintena de miembros de la comisión directiva y sectores allegados por presunto lavado de activos, asociación ilícita y el delito de defraudación. Entre los imputados se cuenta al secretario general, Gabriel Suárez; el adjunto, Jorge Molina Herrera; y al secretario de actas, Fernando Navarro, por esos tres delitos. El fiscal solicitó ir aún más lejos mediante la intervención total del sindicato.
Tomas Di Toffino, trabajador de la EPEC (Empresa Provincial de Energía Córdoba) y referente de la lista opositora de la dirección actual del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, habló con Rompiendo Limites para contextualizar y visibilizar lo que hay detrás de esta intervención: “El tema de fondo es que está totalmente condicionado para promover alguna defensa contra la embestida del gobierno de Córdoba en la empresa provincial de energía, que tiene hace 3 años aproximadamente en vilo a los trabajadores de Luz y Fuerza. Hay un proceso de privatización sectorizada y, con los condicionamientos judiciales de los dirigentes actuales, más los condicionamientos políticos que ellos tienen por haber apoyado permanentemente al gobierno de Córdoba, es muy difícil defender los intereses de los trabajadores”
“Hemos logrado instrumentar con el resto de los compañeros agrupados en la oposición de Luz y Fuerza una unidad en base a que necesitamos si o si enfrentar esta situación interna y al mismo tiempo una respuesta para afuera”, sostuvo el dirigente.
“Siempre el gremio fue intervenido por la actitud de defensa de los trabajadores, de la clase obrera, de los sectores populares, de los estudiantes y las causas legitimas que hacen a la lucha de un pueblo, no por una cuestión de estafa, lavado de dinero. Es darle al gobierno de Córdoba, que lleva el proceso de privatización, un blanco para que avance sin tener nadie que le ponga un freno. La tarea nuestra es muy grande, con la oposición, con todos los sectores de base, de tratar de reorganizar el gremio y enfrentar esta política”, manifestó. En Córdoba mayoritariamente los medios de comunicación están concentrados en 2 o 3 empresas que operan desde Bs As y usan la judicialización de dirigentes como estrategia para debilitar la imagen del sindicato como organización que puede dar una pelea a la privatización. De esta forma, con esa estigmatización y forma de calificación debilitar la imagen del Sindicato”, expresó Di Toffino.
Redacción: Facundo Díaz.