Por Julio Acosta, secretario General de la FeTERA
La reducción de la jornada laboral es una reivindicación que desde hace años viene planteando la Federación Sindical Mundial (FSM) en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que desde la Federación de Trabajadores de la República Argentina (FeTERA) apoyamos. En la Argentina el flagelo de la desocupación, precarización, flexibilización, trabajo en negro y no registrado es uno de los indicadores sociales que más han crecido.
Varias décadas de ofensiva del capital sobre el trabajo ha logrado llevar índices de pobreza de un 4% en la década del setenta a los valores actuales, que son superiores al 50% de pobres. En la década del setenta había casi pleno empleo y la desocupación era muy baja. Hoy, más del 40% de la población económicamente activa no tiene trabajo en relación de dependencia, no tienen convenios colectivos o directamente buscan empleo desde hace años y no encuentran.
Paulatinamente y en forma ininterrumpida los trabajadores/as hemos perdido derechos y poder adquisitivo de los salarios a consecuencia de un sistema sustentado en la desigualdad social y la explotación de la clase trabajadora. Los mas ricos son menos pero mucho más ricos y los pobres son muchos más en cantidad (50%) pero también mucho más pobres. La riqueza se concentra en cada vez menos manos y la pobreza se extiende y generaliza.
El progreso se sustenta en la ampliación de derechos y los avances científicos y tecnológicos no pueden ir en contra del buen vivir. Uno de los cambios necesarios para resolver el flagelo de la desocupación y de la pobreza es la reducción de la jornada laboral. Las y los trabajadores no son responsables de la situación social que atravesamos en la Argentina y el mundo. La riqueza que producen es distribuida cada vez más inequitativamente y la brecha de la desigualdad social es cada vez más profunda.
Las y los trabajadores registrados trabajan cada vez más horas para conformar ingresos dignos que les permita calidad de vida. Jornadas extenuantes de 10, 12 o 14 horas se han convertido en una normalidad. Mientras tanto, un enorme ejército de desocupados vive en niveles de absoluta pobreza e indigencia. Centenares de miles de trabajadoras y trabajadores se movilizan -aun en plena pandemia- por un plan social de 15 mil pesos o por un poco de alimentos que solo les servirá para sobrevivir una semana, en el mejor de los casos.
Combatir la reducción de la jornada laboral como lo ha hecho el ministro Kulfas es por lo menos irresponsable. Porque reducir la jornada de trabajo no es para trabajar menos, es para generar más empleo. Y es insoportable que un ministro de la Nación proponga que los que no ganan ni para vivir, también insinúe que reduzcan aún más sus salarios.
También es indecente porque, en el fondo, esa propuesta oculta la clara intención de proteger las extraordinarias ganancias que obtienen las multinacionales, sojeras, petroleras, mineras, bancos. Profundamente indecente porque pretende seguir descargando los efectos de la crisis sobre las espaldas de los que menos tienen. Crisis en la que los que más ganan tienen garantizado por ley seguir gozando de tasas de ganancias absolutamente obscenas, como es destinar más de 4.848 millones de dólares para subsidiar tarifas a las empresas eléctricas. Nada más y nada menos que el 2% del PIB de la riqueza socialmente generada.
El camino que propone el ministro está en línea con los intentos de los grandes grupos económicos, los formadores de precios y del capital concentrado nacional y multinacional. Esta claro que juega para las patronales.