Por Damián Rigane
Una empresa que concentra el 58,8% de los usuarios de energía eléctrica y el 65,2% de la energía distribuida de la provincia de Buenos Aires, sumó ganancias y poder a costa del esfuerzo de usuarios y trabajadores.
Cuando en 1997, se dividió la Empresa Social de Energía de Buenos Aires, ESEBA, se explicó que la creación de EDEA, EDES, EDEN y EDELAP obedecía a la necesidad de promover la competencia en el sistema eléctrico y mejorar la eficiencia y calidad del servicio.
Diez años antes que esto sucediera, ya desde Luz y Fuerza Mar del Plata denunciábamos la inconveniencia de romper la estructura empresaria estatal y concesionar sus pedazos o como los llamaban en esa época, las unidades de negocio.
Desarrollamos el concepto de que la energía es un Bien Social y un Derecho Humano, no una mercancía o Commodity, y que debe estar al servicio de las necesidades populares y del desarrollo industrial del país.
La lucha contra los tarifazos, nos encontró desde aquellos años en la primera línea de enfrentamiento y la voz de denuncia de Josè Rigane se escuchó en todo nuestro país y mucho más allá de sus fronteras.
Ya en los 90, Luz y Fuerza Mar del Plata, también se hizo escuchar a través de la CTA, de la FeTERA, de los representantes populares en muchos municipios y gobernaciones, también en los ámbitos del gobierno nacional.
Hace pocos días, el Gobierno de la provincia de Buenos aires informó el resultado del análisis de la Revisión Tarifaria Integral del sector eléctrico, en este distrito.
No es la primera vez que tenemos la oportunidad de confirmar nuestras denuncias y anticipaciones.
Pero si, es la primera vez que un gobierno de esta provincia, exhibe la cruda realidad de la política de privatizaciones, que necesariamente merece un profundo debate público.
El informe especifica que entre 2016 y 2019, los bonaerenses pagamos aumentos que rondan entre el 2.000% y 3.500%.
Como muchas veces denunciamos, las empresas no hacen inversiones para mantener o mejorar la calidad del servicio que prestan.
En esta oportunidad, el gobierno ha denunciado que “este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones”.
A la falta de inversiones, debe sumarse otra de nuestras denuncias permanentes: la de la falta de controles. Efectivamente el informe dice que “en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados. Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico”.
El servicio de distribución eléctrica en la provincia de Buenos aires está integrado por las distribuidoras cooperativas y las empresas concesionadas a partir de 1997.
El Grupo DESA, liderado por Rogelio Pagano, concentra a todas las empresas de distribución privadas de exclusivo servicio en la provincia, estas son EDEA, EDES, EDEN y EDELAP.
Estas empresas, que no invirtieron y pudieron incrementar salvajemente sus tarifas, aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644% y distribuyeron entre sus accionistas un monto de 309 millones de dólares.
Una fortuna que se logra a costa del sacrificio de los usuarios, víctimas de los aumentos de tarifas y deficientes servicios y de los trabajadores faltos de recomposición salarial y hasta de ropa de trabajo, herramientas o equipos en condiciones de ser operados con seguridad.
El informe, detallado y hasta ilustrado con gráficos a color, explica que los bonaerenses entregamos esfuerzo y dinero a empresas privadas que no invierten, brindan servicios de cuestionable mala calidad y reparten millonarias ganancias a sus accionistas.
¿Cuál es el sentido de semejante disparate?
Durante décadas, antes de las privatizaciones, las cooperativas y el Estado brindaron el servicio eléctrico, creando además buena parte de la infraestructura que utilizan los empresarios privados para ganar fortunas e incumplir sus promesas de inversión.
El negocio de compra y venta de acciones, dio lugar a la creación de un monopolio privado de distribución eléctrica.
Ya ni la excusa de la competencia le queda al argumento de las privatizaciones.
Los números exhibidos por el informe no tienen atenuantes.
Las ganancias denunciadas, por exageradas e injustas, requieren de devolución.
Los usuarios deben recibir una compensación por el robo.
Los trabajadores tenemos que mejorar nuestros salarios carcomidos por la inflación.
El Pueblo debe recuperar el control y la propiedad del servicio público.
Damian Rigane / Sub Secretario Gremial del Sind. de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Sec. de Relaciones Institucionales e Internacionales de FeTERA.