ENTREVISTA EXCLUSIVA DE LA FeTERA
Claudio Lozano dialogó extensamente con Prensa FeTERA sobre Vicentin, el rol que podría tener la nueva empresa pública con la expropiación y la vinculación de los conceptos de soberanía energética y alimentaria.
Lozano es director del Banco Nación, el principal acreedor individual de la empresa Vicentin con 300 millones de dólares. Es uno de los principales impulsores de la intervención y el proyecto de expropiación de la empresa que llevó adelante una brutal estafa a pequeños y medianos productores agropecuarios y la banca pública. También, como director del Banco Nación, es el promotor de los informes que denunciaron el cuadro de situación del Grupo Vicentin, que en total tiene una deuda con todos sus acreedores de 1.350 millones de dólares. Claudio Lozano, que además declaró en Comodoro Py por la denuncia de estafa a Vicentin, hace un recorrido por todo el proceso. «Si no tomamos control de Vicentin estaríamos perdiendo una oportunidad«, señala.
- ¿Cuáles son los argumentos principales para una intervención del Estado y, luego, una posible expropiación de la empresa Vicentin?
La razón por la cual se tomó la decisión es porque el Grupo Vicentin entró en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019. Esto implicó haber dejado colgados a 2.638 acreedores y dentro de estos hay 1985 productores. Está la banca pública casi de manera completa: el Banco Nación en primer lugar, el Banco Ciudad, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Por lo tanto, lo que hay acá es una estafa generalizada sobre trabajadores, la banca pública y productores. Es una empresa muy importante con un papel relevante en el comercio exterior de granos, que a partir de la cesación de pagos no ha vuelto a funcionar de manera normal, por eso también se está afectando la suerte laboral de mucha gente. Al mismo tiempo, se está debilitando un actor muy importante en el comercio de granos del país. Entre los trabajadores directos e indirectos vinculados a Vicentin y a los 1985 productores que quedaron con acreencias sobre Vicentin, estamos hablando de 130.000 personas que están involucradas en este problema. Esto abarca a productores de Santa Fe, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, 98 cooperativas de esas provincias y de Entre Ríos. Como Vicentin es la 6ta exportadora de granos de la Argentina, había también un movimiento importante de ofertas de distintos grupos empresarios extranjeros, aunque también algunos grupos locales, para tratar de quedarse con Vicentin produciendo un efecto de mayor concentración y extranjerización del negocio del comercio de granos y, por lo tanto, también, de la oferta de divisas, ya que ingresan a través de Vicentin unos 4000 millones de dólares anuales. Es decir, la existencia de una estafa generalizada, el parate de la empresa, la incertidumbre de las fuentes laborales, la amenaza de más concentración y extranjerización del comercio de granos son los elementos que explican la decisión de tomar control sobre la situación, que tuvo como primera definición la decisión de intervenir con el objetivo de expropiar.
Esto en la práctica no se ha consumado porque inmediatamente después de esta definición aparece el gobernador de la provincia de Santa Fe (Omar Perotti) con una propuesta distinta que de alguna manera dejó en suspenso la cuestión de la expropiación. Lo único que se consumó en los primeros días fue la intervención llevada adelante por el gobierno nacional. La provincia de Santa Fe lo que hace es una presentación para intervenir, agregando interventores de la provincia a los interventores nacionales que ya estaban, y llevar adelante el proceso del propio concurso de acreedores para que, en el marco del concurso y estableciendo acuerdos con los distintos acreedores, dar lugar a la creación de una nueva empresa separando a los dueños de Vicentin de la conducción.
- ¿En qué momento se está ahora?
El juez Civil y Comercial de la localidad santafesina de Reconquista del concurso, Fabián Lorenzini, no aceptó la propuesta ni de la nación ni de la provincia. Transformó a los interventores en veedores. La situación está frenada en ese punto. El juez se dio el lujo de no acatar el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Tampoco le ha dado lugar al planteo más moderado, y para mi más complejo en su futuro, que hace la provincia de Santa Fe. Ninguna de las dos cosas fue aceptada.
- ¿Qué alternativas o acciones le queda al Banco Nación como principal acreedor individual de Vicentin?
Nosotros desde que asumimos como nueva conducción del Banco Nación (BN) lo primero que hicimos fue observar la situación de absoluta irregularidad. Detectamos las irregularidades que se habían cometido en el marco de la gestión de ese crédito (US$ 300 millones) y denunciamos esto públicamente con varios informes. Investigamos las responsabilidades en la gestión del BN conducido por (Javier) González Fraga. Se abrió una denuncia e investigación en los tribunales de Comodoro Py con el juez (Julián) Ercolini y el fiscal (Gerardo) Pollicita donde el Banco Nación se presentó como querellante, en particular yo que fui el promotor de los informes que denunciaron el cuadro de situación que fui citado a testimoniar. Luego de esto, el fiscal sacó un dictamen sumamente importante que esperemos que el juez le de curso, donde directamente inhibe los vienes de los integrantes del directorio anterior del Banco Nación que encabezaba González Fraga y de algunos gerentes del BN que operaron en el proceso del crédito a Vicentin. El fiscal ratifica nuestras denuncias. También, el Banco Nación está presentado en el concurso para tratar de cobrar. Ahora, ente la intervención de Nación como de la provincia, la posibilidad de que el Banco Nación recupere su crédito son mayores.
- ¿Qué rol puede tener la nueva empresa pública?
Yo creo que deberíamos crear una empresa pública donde el Estado no debiera estar solo. Es decir, debiera estar acompañado por los actores sociales involucrados en la empresa Vicentin: pequeños y medianos productores y sus cooperativas y también los trabajadores/as. Creo que ese sería el diseño lógico de la nueva empresa. A parte, las cooperativas agropecuarias tienen una basta experiencia en la gestión de empresas de esta naturaleza y muchas de ellas son exportadoras. Entonces, la mixtura con los técnicos y profesionales que pondría el Estado a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y también la división de YPF Agro más las cooperativas agropecuarias permitirían tener un nivel de profesionalidad en la conducción de la empresa muy importante. Creo que sería importante tener una empresa mixta de esta naturaleza. Si se hace una asociación virtuosa entre el Estado y las cooperativas agropecuarias tendríamos un impacto importante en el comercio exterior. Esto explica la reacción tan fuerte que hubo en oposición por parte del poder económico, acompañado por los medios hegemónicos a través de los cuales articula, que han hecho una campaña basada en falacias y argumentaciones absurdas para frenar cualquier intento expropiador. La suma de la capacidad exportable de Vicentin y las cooperativas (en una misma empresa) estaría por encima del primer exportador de granos que es el Grupo Cargill (grupo multinacional con base en Estados Unidos). Estaríamos colocando un jugador muy importante en el comercio de granos, que desde que desapareció la Junta Nacional de Granos en los 90s y se privatizaron los puertos es un negocio sumamente opaco, donde las maniobras de subfacturación de exportaciones, de malas liquidaciones de retenciones, de impacto negativo en fugas de divisas que generan menor recaudación, están a la orden del día. Podríamos transformar lo que fue una estafa al pueblo argentino en la construcción de una herramienta que nos sirviera para poder blanquear un negocio de granos absolutamente oscuro. Vicentin nos permitiría fiscalizar el ingreso de divisa y blanquear el comercio de granos porque podríamos mostrar el tipo de triangulaciones que hacen con empresas creadas pero que forman parte de los mismos grupos empresarios. También permitiría fijar precios de referencia para que las cerealeras no puedan esquilmar tanto a los pequeños y medianos productores y, también permitiría derivar rentas de exportación para la construcción de una empresa pública de alimentos que nos permitiera comenzar a transitar el camino de la soberanía alimentaria. Si no tomamos control estaríamos perdiendo una oportunidad.
- La FeTERA tiene como eje principal en su acción político-sindical a la soberanía energética. Con el tema Vicentin se está hablando de soberanía alimentaria. ¿Cómo se puede vincular los conceptos?
Creemos que la estrategia lógica en el contexto actual de la Argentina sería garantizar una renta universal para el conjunto de la sociedad que le ponga un piso mínimo de ingreso al conjunto de los hogares no menor a la línea de la pobreza. Así, durante la cuarentena se puedan contener la situación social de los sectores más postergados y, luego de la pandemia, podamos sobre la base de la ampliación del poder adquisitivo de la comunidad poner en marcha la monumental capacidad ociosa que la Argentina hoy tiene. Esto permitiría la recuperación de la actividad y creemos que esto debe hacerse suspendiendo los pagos de la deuda pública y poniendo en marcha un impuesto sobre las grandes fortunas del país. Creemos que en este marco la soberanía alimentaria y la soberanía energética son claves. Podemos transformar a Vicentin en un actor destacado en la primera. Y en cuanto a la soberanía energética, aprovechando lo que ha sido la caída de las acciones de la petrolera estatal, nosotros creemos que habría que avanzar en el control completo del paquete accionario de YPF, para transformar a YPF en lo que hoy es, una sociedad comercial, en una verdadera herramienta de política energética que nos permita refundar el sistema energético argentino, que fue desarticulado desde el proceso privatizador en adelante. El vínculo entre las soberanías energética y alimentaria es clave porque estamos discutiendo dos precios centrales: el de los alimentos, que impacta en las condiciones de vida de la población y particularmente del salario y, también, el precio de la energía, que es un costo central en el proceso de producción y, consecuentemente, del proceso de industrialización. Es decir, precios baratos en alimentos y energía son dos claves para montar una estrategia de reconstrucción productiva e industrial de nuestro país. A diferencia del macrismo, donde había alimentos y energía caros, cuyo resultado es una economía predominantemente primaria, la soberanía energética y alimentaria son claves para avanzar en un proceso de recuperación productiva e industrial en nuestro país.
Prensa FeTERA