FeTERA
Gas

Rubén Ruiz (APJ-GAS): el aguinaldo no se toca

Entrevista a Rubén Ruiz, secretario general de APJ-GAS

El Destape Web entrevistó al Secretario Gremial de la CTA Autónoma Ruben Ruiz, en un contexto donde las Pymes dicen no poder pagar y los trabajadores y trabajadoras descartan perder el sueldo anual complementario. En el medio, el Gobierno aún no decidió qué pasará con el programa ATP.

La crisis que produjo el Covid-19 cambió las condiciones económicas por completo y los efectos de la pandemia podría llevarse puesto uno de los derechos fundamentales de los trabajadores: el medio aguinaldo de junio. Crece la tensión sobre un tema donde el Gobierno ni las empresas aún dieron sus respuestas concretas.

El sector empresario ya se encargó de aclarar que sin la ayuda del Estado será insostenible hacerse cargo del pago. Un informe de Industriales Pymes Argentinos estimó que más del 50% de las pymes industriales de todo el país no depositará dicha acreditación.

Con el ATP sólo no se puede, sin el ATP es imposible

Hasta que el presidente, Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa para anunciar la extensión de la cuarentena, desde el Gobierno había cautela respecto a la posibilidad de que el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) se extienda a julio, para abonar sueldos de junio con aguinaldo incluido. Aún se están pagando sueldos de mayo y es temprano para dar esa discusión, era uno de los argumentos que se repetía ante las consultas.

Pero el Presidente habló y no fue muy optimista en torno a la viabilidad de un aporte extraordinario mayor al ya establecido: “El ATP para cubrir sueldos, no lo hemos pensado en ese sentido (aguinaldo). La idea es que les lleguen a todos y es lo que más nos interesa”. Y luego reconoció uno de los reclamos que reiteran las Pymes en este contexto.

En el ámbito Pyme sostienen que un 20% de la empresas no pueden pagar sueldos ya que el ATP no les llega, y afirman que pagar aguinaldo por ATP cuando hay trabajadores que no cobraron el mensual es un sinsentido. Algunas voces del sector deslizaron que hay empresas que pueden deben pagarlo en tiempo y forma, otras en cuotas y otras que debería tener una excepción para que se pague todo en diciembre o enero de 2021.

El mecanismo legal al que se recurriría es el que plantea el artículo 91 de la Ley de 24.467 de la Pequeña y Mediana Empresa, que permite fraccionar el pago del Sueldo Anual Complementario hasta tres cuotas en el transcurso del año.

Se paga o se paga

En diálogo con El Destape, el secretario gremial de CTA Autónoma Nacional, Rubén Ruíz, remarcó que el aguinaldo no es un privilegio, sino un “elemento regido por una norma legal”, y afirmó que deben elaborarse propuestas para que “esto sea posible”. Además, dejó en claro que durante todas las crisis por las que pasó el país-incluyendo el 2001- “el aguinaldo siempre se pagó”.

“Hay que dividir las empresas en dos escalones, las mayores a 200 trabajadores y las menores a ese número. Las primeras son las que mejor están bancando la situación porque tenían espalda con lo que fueron ganando antes. Hay que descartar que estas empresas no puedan pagar”, sentenció.

Para Ruíz existen herramientas disponibles que deben discutirse en lo inmediato. Por un lado, la extensión del ATP con inclusión del SAC, y por el otro, un préstamo a tasa cero por parte de los bancos para que las empresas puedan abonar el monto completo y después saldar su deuda sin intereses y en varias cuotas.

“El mundo del trabajo no es igual en todos lados, existen algunos a los que hay que ayudar mucho y en otros caso poco, o nada. Estamos dispuestos a discutir las herramientas ahora, porque si empezamos a hablarlo el 29, seguramente el 30 no vamos a cobrar nada”, insistió el dirigente gremial.

Uno de los argumentos en los que se aferran los trabajadores es el esfuerzo ya hecho. Según la CTA, el 66% de los empelados cobran el 75% o menos del sueldo, de un sector importante de las pymes no paga ni el 50% del sueldo, ni el 95% de los aportes patronales.

La estadística hace referencia al convenio entre la UIA y la CGT, que implica el pago del 75% del salario a aquellos trabajadores que sean suspendidos y que por lo tanto no tengan que cumplir tareas. Esta semana, el acuerdo fue extendido por dos meses más, hasta el 31 de julio.

“Lo peor que nos puede pasar es que un trabajador piense que estamos peor que antes. Vemos un problema: se dictan normas que después no se aplican. Tenemos que tener la capacidad de que esto no empeore”, concluyó Ruíz.

Es que a pesar de las medidas restrictivas contra la posibilidad de despidos por parte de las empresas, en abril se perdieron más de 90.000 puestos de trabajo. Además, si se compara contra el mismo mes del año anterior, la pérdida supera los 250.000, una cifra alarmante.

De acuerdo al informe de la Seguridad Social de la AFIP, las empresas declararon por marzo 254.244 empleados formales menos que en igual mes de 2019. El segmento del empleo privado registrado tuvo una pérdida de 91.237 de forma intermensual.