Por Gabriel Martinez
El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, parece no haber disminuido la decisión, por parte del gobierno saliente, de garantizar enormes tasas de ganancias a las empresas distribuidoras de electricidad. María Eugenia Vidal autorizó un aumento de 25% en las tarifas de electricidad de la provincia de Buenos Aires, que regirán a partir del 1° de enero de 2020.
Los cargos fijos aumentarán un 40% a partir de la misma fecha. Con esta decisión, ni el ahorro de energía, podrá evitar el pago de los aumentos por parte de los usuarios y se garantiza la consiguiente toma de ganancia de las empresas.
Esta decisión es acumulativa de los otros tarifazos que solo han beneficiado al enorme monopolio privado que lidera Rogelio Pagano, dueño de las empresas EDELAP, EDEA, EDEN Y EDES.
En diciembre de 2015 se argumentó que las tarifas debían aumentar para garantizar un eficiente servicio.
La acumulación de tarifazos en estos 4 años no solo volvió cada vez más inaccesible el servicio eléctrico, sinó que no mejoró la calidad del mismo, además de alentar y garantizar la conformación de un gran monopolio eléctrico que precarizó las relaciones y los derechos de los trabajadores provocando accidentes y malas condiciones de trabajo.
En estas condiciones y todo alentado por un criterio político asociado a los intereses del gran capital, la energía fue entendida como una mercancía, alejando a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires del derecho a su uso y disfrute.
Nuestra organización sindical que desde fines de 1980 defiende el derecho a la energía y ha enfrentado los procesos de privatización, apropiación y saqueo en nuestra provincia y en el resto del país, declara una vez más que la energía en un Bien Social, un Derecho Humano y un Problema Popular que no puede ser tratada como una mercancía y debe recuperarse soberanamente a manos del Pueblo y del Estado.
31 de octubre de 2019