Por José Rigane (FeTERA – CTA Autónoma – Luz y Fuerza Mar del Plata)
El país está en medio del debate sobre la pobreza y el hambre en la Argentina y la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria, que aportaría un paliativo urgente a los sectores más perjudicados de esta economía neoliberal.
El gobierno intentó desentenderse de este debate, y hasta hubo funcionarios nacionales que hasta negaron el hambre en el país.
Mientras tanto, la gestión de Mauricio Macri no tuvo pudor en cancelar una “deuda” millonaria con empresas de energía.
Se trata de un desembolso de 120 millones de dólares que el gobierno realizó para un puñado de empresas energéticas, entre ellas: Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin, amigo de Macri), Central Puerto (Nicolás Caputo, amigo de Macri, es uno de sus accionistas), YPF y Aluar, entre otras.
En total, los 120 millones de dólares que Macri le pagó a este grupo de empresas energéticas el viernes pasado, en medio de una brutal crisis económica del país, al tipo de cambio oficial de hoy equivale a cerca de 7.000 millones de pesos.
De aprobarse en el Senado, se estima que la ley de Emergencia Alimentaria tendría un costo de 10.000 millones de pesos.
De un plumazo, Macri le pagó casi una Emergencia Alimentaria a solo un puñado de empresas energéticas. Las prioridades de este gobierno están claras: hambre y pobreza para los sectores populares y millones de dólares para los empresarios. Este modelo energético es una estafa al pueblo.
No necesitamos de estos empresarios inescrupulosos al frente de las empresas, ni estos gobiernos neoliberales que solo fabrican hambre y pobreza.
Necesitamos un modelo energético de soberanía.