El modelo neoliberal actual comenzó a implementarse con dureza a partir del año 1991. Las privatizaciones desmantelaron la actividad estatal en materia de servicios públicos y entregaron el patrimonio nacional y los recursos energéticos estratégicos no renovables (hidrocarburos).
En ese contexto, también fueron despedidos miles de trabajadores como parte de una gran ofensiva sobre los derechos laborales, ocasionando destrucción de la industria nacional y el reconocimiento de la mayor estafa al pueblo argentino, la deuda externa, que a unque declarada ilegítima e ilegal por la justicia, aún se sigue pagando.
La pérdida de soberanía energética, ante la ofensiva del capital concentrado y del capital especulativo, cambió la relación de los ciudadanos con la energía: de usuarios -hasta 1989- a consumidores-clientes cautivos.
La energía en este sistema neoliberal se ha transformado en una mercancía que se compra y se vende a valor de mercado y su dominación significa poder. La presencia de las empresas privadas en las industrias energéticas argentinas, desde el año 1991 hasta la actualidad, solo ha servido para perder reservas estratégicas de gas y petróleo, encarecer artificialmente las tarifas y convertir los bienes sociales y comunes en mercancías.
En la sociedad actual se considera a los alimentos y el agua como derechos mínimos básicos para la supervivencia, a los que hay que agregar salud, educación, cultura, vivienda, comunicación, transporte, techo y tierr para poder desarrollar una vida digna.
Si consideramos que los seres humanos necesitan conservar los alimentos en condiciones de ser consumidos sin contaminación, a cocinarlos,a calefaccionar o refrigerar los hogares, a disponer la posibilidad permanente de comunicarse o de iluminación artificial, etc., entendemos que la concepción de los derechos elementales de subsistencia debe ser amplia.
Para todo esto se requiere de energía abundante y barata para uso doméstico. Cuando esto no sucede, comienza a ganar en la batalla política, social y cultural el concepto de “pobreza energética”.
Como sostiene José Rigane,secretario general de la FeTERA (Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina): “el modelo energético basado en la privatización y la extranjerización fracasó. La energía dejó de ser un derecho social, un derecho humano y pasó a ser una mercancía, con políticas sostenidas por un sistema liberal de mercado.
El usuario dejó de ser considerado como tal, para pasar a ser un cliente. A partir de allí, las empresas dejaron de invertir, porque se preocuparon en conseguir la mayor ganancia posible en el menor tiempo para después girar ese dinero al exterior.”
Para concluir, negar el derecho humano a la energía es lo mismo que negar el derecho a una vida digna.
Fabián “cabezón” Pereyra