*Leandro Gómez Tejada
En vísperas de un nuevo aumento escalonado del gas en la República Argentina, con un cronograma oficial que prevé un aumento del gas del 10% en abril, otro 9% en mayo y el 8% en junio, en un contexto de incertidumbre generado por la noticia del aumento del índice de la pobreza, que se torna insostenible y el que pone a casi el 50% de niños bajo la línea de la pobreza; las petroleras más importantes ubicadas en Vaca Muerta buscan exportar GNL desde los puertos chilenos hacia mercados del pacifico, dejando al mercado interno del gas bajo un régimen de tarifas dolarizado, siendo imposible recuperar el poder adquisitivo de la población y hundiendo aun más lo poco que queda de la industria PyME por el encarecimiento que producen las tarifas de los costos operativos de estas.
Además, el proyecto de YPF que estudia la posibilidad de instalar una planta de licuefacción de GNL (LNG por sus siglas en ingles) en Bahía Blanca, otras petroleras como Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol están contemplando también la alternativa de concretar la exportación del gas desde el país trasandino para despachar como mínimo 20 millones de metros cúbicos diarios en el mediano plazo. Algunas petroleras incluso iniciaron gestiones para indagar la posibilidad de transformar algunas terminales de regasificación emplazadas en Chile para el objetivo inverso, es decir, transformarlas en plantas de licuefacción.
En sociedad con Pulspetrol, Panamerican Energy e YPF están viendo la posibilidad de concretar en el menor tiempo posible la construcción de una planta de licuefacción de gas, para lo cual se está estudiando su construcción o en Santiago de Chile o en Concepción al sur de ese país, lo que costaría 3000 millones de dólares.
A nivel mundial no son muchos los países que exportan gas natural licuado: Qatar, Indonesia, Argelia, Trinidad y Tobago, Australia, Rusia y EE UU, entre otros. Sin ir más lejos, Argentina es un gran comprador de GNL a Trinidad y Tobago y EE UU gas que llega en barcos metaneros a los puertos de Bahía Blanca y Escobar en la provincia de Buenos Aires.
Entre los principales compradores del mercado del pacifico, se encuentran los principales exportadores de GNL, como Japón, Corea y China. Hay que señalar que Chile cuenta con tratados bilaterales de comercio con China, un gran consumidor energético que busca reemplazar su matriz de generación energética, ocupada por el carbón mayoritariamente, por gas natural.
Asimismo, las petroleras señalaron que exportar gas desde Chile implica un menor costo de transporte vía gaseoductos. Para conectar Vaca Muerta con Bahía Blanca hay que recorrer más de 1000 Km. “El principal mercado de LNG que se abrirá en los próximos años será China, que busca reemplazar con gas su consumo de Carbón. La clave es intentar colocar el gas de Vaca Muerta en ese Mercado”, señalo el presidente de una petrolera a Econnojournal.
Mientras que con el actual gobierno las tarifas residenciales de gas explotaron por los aires, hasta ubicarse entre las más altas del mundo, cayó el consumo residencial e industrial por el vuelco de los subsidios del estado hacia los consumidores, mientras las grandes corporaciones transnacionales energéticas que operan en Argentina consiguen una renta extraordinaria.
La cantidad de pobres en la Argentina se elevó a un 32%, como así también, el 46,8% de nuestros niños viven bajo la línea de la pobreza.
La ecuación de más utilidades para las empresas y la oferta mercantil de la energía cierran un círculo vicioso, que pone al país en un riesgo aun mayor del que tenía en materia energética.
La política macrista pone de rodillas y a expensas de las empresas a la población del país, alejándonos considerablemente del camino de la independencia y soberanía energética solidificando una política que castiga a los usuarios poniéndoles en las espaldas el brutal peso de la expoliación de su dignidad. La impunidad con que el Estado al servicio de las corporaciones se maneja es escandalosa, recordemos la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía a cargo de Javier Iguacel, publicada el viernes 5 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, cuando estableció un nuevo cargo en la factura del servicio público de gas natural, consistente en un pago de 24 cuotas adicionales que debían afrontar los usuarios como consecuencia de las «diferencias de costos» acumuladas entre abril y septiembre de ese año, por la fuerte devaluación del peso. La decisión de ese momento, no solo demuestra como el cuadro tarifario estaba concretamente dolarizado, sino, como un ministro de la nación operaba abiertamente a favor de las empresas.
30 de marzo de 2019
*Escribe para GENSUR – Observatorio Geopolítico de la Energía y Soberanía