Los desafíos populares frente al derecho a la energía
Un dato relevante de la situación mundial es la crisis energética, que se basa en una matriz sustentada mayoritariamente en hidrocarburos, que son no renovables.
El tema se agrava con la tendencia a explotar los hidrocarburos no convencionales, con el enorme costo económico y ambiental que este supone.
Argentina tiene expectativas en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, con la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. El esquema financierizado en torno de la cuestión energética hace que las empresas conformen una gran burbuja sobre el valor accionario de estas.
Es la carnada para el desembarco de inversores externos para su explotación. Son inversores que definen la producción petrolera y energética del mundo, a costa de los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos.
Somos conscientes que detrás de todo está el objetivo de las ganancias de las petroleras y una concepción mercantil sobre la energía. No nos sorprende. Por eso, ratificamos nuestra concepción del Derecho a la Energía, a contramano del proyecto oficial.
La política del Gobierno Macri apunta a la dolarización de las tarifas; a la liberalización del mercado de combustibles; a la disminución de los subsidios, fijando una dura senda de incremento de precios; pretende llevar el millón de BTU del gas de 1,25 a 6,2 dólares, descargando el mayor costo sobre el conjunto de la sociedad.
Esta política es parte de la recurrente devaluación que afecta los ingresos de los de abajo, expresado en un aumento que se descarga sobre los consumidores, con perspectiva alcista en el mediano plazo, incluso más allá del turno gubernamental que finaliza en 2019.
Los grandes ganadores del esquema sustentado por el gobierno de Macri se encuentra en los sectores especulativos de la banca, el mercado de capitales, los grandes grupos y transnacionales del petróleo y la energía; con toda la intención de profundizar el sesgo privatizador desde los años 90, replegando a las compañías con mayoría accionaria por el Estado y en favor del capital privado.
Desde esta federación de trabajadores de la energía rechazamos enérgicamente la destrucción del Plan Nuclear argentino expresada en la cancelación de la IV central nuclear (Atucha III) y la postergación de la V central. Repudiamos los cientos de despidos que el gobierno nacional viene realizando en este sector, así como los permanentes ataques e intentos de vaciamiento de organismos y empresas estatales como NASA y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), entre otros.
FeTERA, que desde su fundación pelea contra las privatizaciones de las empresas energéticas del país, se opone a todo intento de privatización y/o vaciamiento de la empresa estatal de energía de Córdoba, EPEC y se solidariza y lucha junto a los compañeros y compañeras del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en defensa del convenio colectivo de trabajo y la defensa de la empresa eléctrica provincial.
Desde la FeTERA confirmamos que la crisis energética tiene solución, pero ello requiere superar la concepción de la Energía como una mercancía más, sustento necesario para las ganancias de las transnacionales del petróleo y la energía.
Aquí está la principal preocupación de la FeTERA y sus organizaciones integradas, con lo que pretendemos ir más allá de la lucha cotidiana por el efecto social que generan los tarifazos de los servicios públicos. Es muy importante la lucha contra el aumento de las tarifas, tema preocupante para los usuarios, por lo que desde FeTERA estamos convocando a usuarios para articular con trabajadoras y trabajadores de la energía la lucha integral por el derecho a la Energía y apoyar las iniciativas que distintas asociaciones y grupos de usuarios y consumidores lleven adelante en la lucha contra el tarifazo.
Proponemos la condonación a todos los usuarios de las deudas contraídas desde el 1/12/17 respecto a la luz, gas, agua y telefonía fija y móvil.
Comprometemos a la FeTERA a elevar una propuesta a la multisectorial 21F y a otros movimientos sociales referida a la rediscutir las tarifas de los servicios públicos y avanzar en la recuperación de servicio público como bien social de la luz, el agua, el transporte y las comunicaciones.
Hace falta diversificar la matriz energética, estimulando formas alternativas de producción energética más allá de los hidrocarburos. Pero esa transición requiere una política de organización hacia los trabajadores de las energías renovables, un sector energético novedoso en la economía del país. Impulsando allí también una perspectiva de soberanía energética hacia las empresas de energía solar, eólica y otras fuentes renovables, con la misma visión que la FeTERA tiene históricamente hacia las empresas petroleras y privatizadas en beneficio del bienestar popular y el derecho a la energía. En este punto debemos reivindicar la nacionalización de las industrias relacionadas a la construcción de los dispositivos tecnológicos requeridos para la construcción de estas iniciativas. La diversificación energética debe ir acompañada por un valor agregado nacional a estas industrias.
Es una cuestión social, que nos involucra como trabajadores y trabajadoras, pero también como usuarios y en acuerdo con el conjunto del pueblo, los que deben superar una cultura de meros consumidores para asumir una posición de reivindicación soberana del Derecho a la Energía. El derecho a la energía debe formar parte sustancial de los IDH (Índice de Derechos Humanos).
Desde la FeTERA promovemos la propiedad social de la Energía, involucrando a quienes generamos, distribuimos, transportamos y usamos la energía. La sociedad está desafiada a asumir el modelo de soberanía energética.
Mar del Plata, 25 de agosto de 2018