Por José Rigane, sec. Adjunto de la CTA Autónoma y sec. General de la FeTERA
Al aumento desde el 1 de diciembre en la electricidad, que incluye un 43% para Edenor y Edesur en Buenos Aires y 38% en el resto del país, y al aumento de hasta el 58% en el gas, se suma el reciente incremento del 6% en los combustibles impulsado por YPF y continuado por Shell y las demás estaciones de servicio.
Este es el cuarto incremento de 2017 (enero 8%, julio 7%, octubre 10% y diciembre 6%, con una caída de 1% en noviembre) y en lo que va del año el aumento acumulado es de 30,2%, muy por encima de la inflación. En 2016 el aumento total de los combustibles alcanzó el 31%, lo que implica que desde que Macri y Aranguren están en el gobierno los combustibles aumentaron casi 62%.
Es una de las primeras decisiones de las empresas luego de “liberarse el mercado de las naftas”. Esa “liberalización” que impulsó el Gobierno a través de su ministro de Energía, Juan José Aranguren, es para “equipara el sector energético con los precios del mercado internacional”.
Esto significa que, al estar “liberados”, los precios de los combustibles dependerán de la cotización de los productos energéticos en las bolsas de valores de Nueva York o Londres, por ejemplo. Si vivimos en un mundo “libre”, nos movemos y hacemos nuestra vida en “libertad”: ¿Por qué los combustibles y la energía no harían lo mismo?
Como venimos afirmando desde la FeTERA, los aumentos y la política de “liberar” los precios de los productos energéticos a las leyes del mercado y la “libre” competencia y eliminar los subsidios estatales, como marca la regla número 1 de neoliberalismo, es una falacia.
El Estado sigue impulsando subsidios millonarios como el Plan Gas para garantizar las ganancias y el negocio a las empresas petroleras, en particular las productoras como Exxon, Total, Shell, PAE, Tecpetrol, YPF (51% estatal, pero privada desde su gestión), entre otras.
El Plan Gas es una medida que subsidia a la producción de gas (más del 50% de la energía que consumimos en el país proviene de ese hidrocarburo) y le garantiza un precio del millón de BTU a las empresas petroleras. En concreto, el Plan Gas establece subsidios y garantiza un precio para 2018 de 7,5 dólares el millón de BTU, un precio ficticio que beneficia clara y directamente a los grupos multinacionales ya que producirlo, reconocido por YPF en la bolsa de valores de Nueva York, cuesta 1,9 dólares el millón de BTU.
Si bien el Plan Gas fue impulsado por el anterior gobierno para beneficiar a las petroleras en la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta), hoy continúa y se expande a otras cuencas productivas como la Cuenca Austral. Es decir, mientras el Gobierno de Macri nos dice que las tarifas y los combustibles tienen que aumentar, al mismo tiempo les garantiza un precio del gas a las petroleras a través de un subsidio estatal. Además, mantiene e impulsa beneficios impositivos, facilidades y todo lo que necesiten las compañías para garantizarles el negocio.
El neoliberalismo quiere precios “libres”, pero no pierden tiempo para utilizar al Estado para garantizarles el negocio. Es la “libertad” de las mercancías.
Desde la FeTERA y la CTA Autónoma denunciamos esta política sobre la energía que no es otra cosa que una nueva regulación estatal para que el negocio petrolero sigua aumentando sus ganancias.
Suba o baje el precio del barril de petróleo a nivel internacional, el Gobierno de Macri y Aranguren va a implementar lo que tenga que implementar para que el negocio de la Exxon, Chevron, Total, Tecpetrol (Techint), PAE (Bulgueroni), CGC (Aurnekian) y tantos otros acumulen más riquezas con nuestros recursos naturales.
Necesitamos coordinar espacios que rechazan los tarifazos pero para denunciar al modelo energético en su conjunto. El tarifazo es la consecuencia del modelo neoliberal de la energía que toma a nuestros recursos como una mercancía más, como un commoditie.
La energía es un derecho humano y para que se beneficie el pueblo entero y tenga el acceso garantizado necesitamos tirar abajo este modelo energético que tiene del mismo lado del mostrador a las compañías petroleras y el Ministerio de Energía promoviendo la “libertad de mercado”, pero al mismo tiempo son las mismas petroleras que viven de los subsidios estatales que paga el pueblo trabajador.
8 de diciembre de 2017
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