Por Gustavo Lahoud
En estas horas, hemos tomado conocimiento público, merced a una muy efectiva y oportuna denuncia emitida en el programa Economía Política, conducido por Roberto Navarro en la señal C5N, de la existencia de una carta de intención entre la compañía Hughes de los Estados Unidos y nuestra empresa señera en materia de desarrollo satelital, ARSAT S.A.- creada en 2006-, cuyo objetivo fundamental es la cesión lisa y llana del futuro desarrollo del Satélite Arsat-3 y de todos los servicios que podrían darse en el futuro en el relevante mercado de banda ka, que permite brindar internet de banda ancha a una multiplicidad de usuarios.
Como muy bien se expone en la nota- una de las pocas reacciones que hemos visto por estas horas, en las que brilla por su ausencia el famoso pool de medios defensores de la República y el Estado de Derecho-, la creación de esta nueva empresa- NEWCO- que tendrá mayoría accionaria de la americana Hughes, supone la violación concreta de la ley de Soberanía Satelital 27.208, que impide expresamente cualquier acto o acción que ponga en peligro los bienes esenciales asignados a la empresa ARSAT. En efecto, esta taxativa reglamentación sólo puede ser alterada mediante la modificación de la ley mencionada, para lo cual se necesita una mayoría especial.
Por cierto, el comunicado oficial emitido el lunes 17 de julio, sostiene que no se trata en absoluto de una privatización o venta de alguno de los bienes de la empresa, pero lo que se ha conocido a través de la divulgación de este memorando- con cláusulas de confidencialidad y de cesión de soberanía que implica que cualquier controversia sea sometida a un tribunal de la Cámara Internacional de Comercio-, implica la vulneración concreta del marco legal existente. Por ello mismo, es nulo de nulidad absoluta.
Este tipo de decisiones, que destruyen la perspectiva de planificación soberana sobre una de las áreas de mayor relevancia geoestratégica en el mundo actual y porvenir, nos pone ante la necesidad de orientar la rápida construcción de una alternativa realmente nacional y popular, que avente definitivamente la consolidación de estos nuevos escenarios de dependencia estructural a los que seremos sometidos por decisiones infames, ilegales y aberrantes como la que hemos conocido en estas horas.
Muchos nos dirán que, ante las graves urgencias y necesidades, esta cuestión podría carecer de prioridad, pero, es imprescindible comentarles que el ataque contra nuestro sistema científico-tecnológico y contra nuestro acervo construido por décadas en áreas sensibles por su carácter estratégico, nos depositará- más temprano que tarde- en el ineluctable mundo de los países zombies, convertidos en parajes coloniales de puro extractivismo y saqueo, en un contexto en el que estamos rodeados de creciente y preocupante conflictividad e incertidumbre global. En concreto, en este caso puntual, se trata de frenar este nuevo desatino, propiciado por una administración que intenta, en forma persistente, la desarticulación- incluso por vías legales y administrativas reglamentarias- de toda presencia activa del Estado y de la misma defensa de los bienes públicos fundamentales para asegurar nuestra soberanía y la posibilidad de un proyecto comunitario democrático, igualitario y participativo.
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