CABA, 14 de febrero de 2017
La energía es hoy el bien común que más determina la geopolítica a escala global. Es el motor y la máquina que mueve el sistema productivo mundial, por lo tanto, su incidencia en la economía es determinante.
En Latinoamérica, a pesar de ser poseedora de grandes cantidades de bienes primarios destinados a la generación de energía, se vive una crisis energética pocas veces vista, de la cual Argentina no está exenta.
La crisis está y llegó para quedarse. Pero la génesis de la problemática, no reside en una particularidad, sino más bien, en la concatenación de varias de ellas.
El diseño de un sistema energético dependiente, subvalorado y a expensas de los requerimientos privados de las empresas transnacionales, donde el Estado contribuye como intermediario a favor de estas y sus ganancias, es, a nuestro entender, el nudo crítico del asunto. La privatización del sistema energético contrapuso a la energía como un bien social y derecho humano, al de mercancía, cuyo valor está vinculado al nivel de utilidades que le genera a las empresas; es decir, esta concepción que en los años 90 tuvo su máximo esplendor, vuelve a reciclarse mediante la implementación de reformas en el sector, que generan aún más incertidumbre y angustia en la población.
La apropiación de los bienes energéticos, se traduce en acaparamiento e inseguridad energética, lo que produce pobreza energética y da por tierra el uso soberano de un bien de todos. En camino de la formulación de este sistema, se entregaron y dio rienda suelta a la liberalización de la generación y distribución troncal de la energía, en favor de las transnacionales del sector, previo un fuerte lobby de la dirigencia política, donde la Ley 24.065 y su correspondiente Marco Regulatorio, jugaron enteramente a favor de éstas últimas.
Desde FETERA, hemos denunciado el robo descarado de nuestros bienes energéticos primarios
generadores de energía, mediante la exportación subsidiada, la concesión y la asignación de aéreas estratégicas de reservas petrolíferas y gasíferas, pero también, a través del esquema de importación de crudo, gas, combustibles y derivados, que no solo beneficia a las transnacionales comercializadoras históricas, sino también las Traders de combustibles más importantes, como Trafigura, Gunvor, Glencore y Shell Western, de las cuales, esta última, el Ministro Aranguren fue su cabeza principal.
Desde 2003 hasta la fecha, la importación de combustibles subió casi el 2.000%, cifra que muestra la destrucción de un sistema energético, donde la estatal de bandera, YPF, expresaba la autonomía energética y la expansión de la petrolera por varios países.
La crisis se traslada a la población en forma de tarifazo sobre la electricidad, el gas, los derivados del crudo y las naftas. La demanda de energía eléctrica en febrero de 2016, acusó un pico máximo de 25.380 MW(e).
Desde 2003 a la fecha la potencia requerida aumentó casi el 70 %, pero la incorporada al SADI rondó el 30%; la brecha aumenta de manera paulatina y su dinámica es cada vez más deficiente.
Desde FETERA, denunciamos el vil pacto con Chevron por Vaca Muerta, los tarifazos, al fracking como saqueo y método contaminante y dañino para la población; pero además, cuestionamos y ponemos en debate a la energía como un problema de todos, como un bien social y derecho humano, esencial y determinante, para una vida digna de la población. Los trabajadores de la energía somos parte fundamental en la recuperación y el manejo, de un sistema energético donde el Estado y sus empresas, sean el centro, en la generación de la energía y el autoabastecimiento, como pilares que garanticen justicia, seguridad y soberanía energética.
p/ Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA
José Rigane Secretario General
Agustín Arbor Secretario de Política Energética
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.
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