Política Energética

La Argentina encabeza otro triste ranking de pérdida de soberanía

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La Argentina encabeza otro triste ranking de pérdida de soberanía

Soberanía Nacional vs grandes inversores extranjeros

Por José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Autónoma Nacional, sec. general de la FeTERA y del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata

 

Los inversores extranjeros son los únicos “amigos del juez”. Según el estudio que publicó en abril pasado Trasnational Institute (difundido por ISDS Impactos), sobre las firmas de tratados internacionales por parte de los países de América Latina y el Caribe y la protección de las inversiones extranjeras, queda en evidencia los grandes costos sociales, económicos y monetarios que deja este sistema perverso de protec­ción de inversiones extranjeras y arbitrajes internacionales como mecanismo de resolución de disputas/controversias frente a los países del continente.

Así como ocurre con los paises endeudados con el FMI, que encabezamos esa triste lista, en este tipo de tribunales internacionales la Argentina también está en la cabecera de los países con más demandas de inversores extranjeros y con más fallos por parte de estos tribunales en favor de los inversores privados. El Estado argentino, así como los de los países hermanos de la región, son los grandes perjudicados de esta “justicia” internacional.

Hoy estamos viviendo dos casos emblemáticos, no casualmente con dos empresas de bandera para nuestro país: YPF y Aerolíneas Argentinas.

En el caso de la empresa de aviación, la Argentina acaba de perder un juicio por 320 millones de dólares ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). En el caso de la petrolera YPF también es significativa ya que sumó 5.800 millones de dólares y todavía al día de hoy el caso está dando idas y vueltas en la justicia internacional y la de Estados Unidos.

En este caso, el fondo especulativo Buford compró el 100% de la demanda de Repsol a la Argentina por la estatización del 51% de las acciones de YPF de 2012, pero que en 2017 vendió sólo el 15% de esa demanda a US$ 440 millones. Un negocio redondo y perverso con nuestra soberanía nacional.

Durante los años 90, con una enorme avanzada neoliberal en toda la región, los países de América Latina y el Caribe (ALC) firmaron cientos de tratados internacionales que protegían a la inver­sión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados en tribunales internacionales cuando consideraban que sus ga­nancias habían sido afectadas de alguna manera por las acciones de los propios gobiernos de los países.

Hoy, con un nuevo avance brutal del neoliberalismo en el continente, estamos en presencia de una segunda oleada de firma de este tipo de tratados internacionales.

El informe señala: “Las demandas inversor-Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conoci­dos bajo tratados hasta 1995, se pasó a 942 casos conocidos en la actualidad. De ese total, los países de América del Sur, América Central y el Caribe fueron demandados en 267 ocasiones, lo cual representa un 28,3% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial”.

En este contexto, la Argentina es el país de América Latina y el Caribe con más demandas de inversores al Estado. Nuestro país encabeza el listado con 60 demandas, seguida de Venezuela con 49, México 31, Ecuador 25, Bolivia 17 y Perú 15.

Del informe se desprende que “de los 267 casos conocidos contra países de la región, hay 170 casos donde hubo una resolución del caso (ya sea por laudos del tribunal o por acuerdo de partes). En el 70% de los casos resueltos el inversor salió beneficiado”.

Si evaluamos los resultados de los fallos arbitrales por país, se puede resaltar el caso de la Argentina, que sólo 5 de las 28 demandas donde existieron laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 demandas se decidieron a favor del inversor. Si sumamos a estas 23 los 17 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, concluimos que el 88,9% de las demandas contra el Estado en la Argentina fueron resueltas a favor del inversor.

La soberanía nacional se disputa en muchos ámbitos políticos, sociales y económicos. Tenemos que construir poder propio cada vez más fuerte para detener esta estafa internacional de los inversores extranjeros que descubrieron hace décadas que llevar todo a la justicia implica ganancias millonarias.

La Argentina tiene que irse del Ciadi y de todos estos tribunales internacionales que no son otra cosa que la garantía para la estafa a los estados nacionales.

 

Fuente: http://isds-americalatina.org/

 

José Rigane, 6 de junio de 2019