Murieron tres personas por una explosión en la refinería New American Oil, del municipio de Huincul. Los trabajadores denuncian inseguridad laboral.
En las primeras horas de la madrugada de ayer, se produjo un incendio en la refinería de petróleo New American Oil (NAO) de Plaza Huincul. A raíz de esto, tres trabajadores petroleros perdieron la vida.
La refinería había sido intimada el pasado 15 de septiembre, por la Subsecretaria de Ambiente de Neuquén, debido a irregularidades detectadas en el mes de julio, y que la empresa no había subsanado. A raíz de que la compañía no dio respuesta por las irregularidades detectadas durante la última inspección, se le dio un plazo de 10 días hábiles más, para que presente un plan de remediación a las anomalías detectadas dos meses antes. Con esta determinación solo se actuó de manera negligente, al hacer más laxos los plazos de una situación que debió remediarse antes, y que fue caldo de cultivo para el siniestro que causó la muerte de los operarios.
Las responsabilidades sobre el hecho son compartidas, ya que cada organismo gubernamental tiene por ley un sector que se encuentra bajo su responsabilidad. En este caso son corresponsables el Gobierno de la provincia de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Ambiente, el Municipio de Huincul y la Secretaría de Energía de la Nación, que tiene a su cargo la inspección y control de las instalaciones de almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, según lo establece la Ley 13.660.
En comunicación con Walter Zozaya, luchador petrolero, opositor de la conducción sindical actual, nos explica acerca de los constantes accidentes que sufren los trabajadores debido a la falta de seguridad, lo cual ocasiona permanentes daños en su salud.
Denuncia que esta situación se acentuó desde 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con la firma de La Adenda, un acuerdo entre las cámaras empresarias y los referentes del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, Marcelo Rucci, Ricardo Dewey y Daniel Anderschde, que tuvo como finalidad concretar una reforma laboral, disminuir costos empresariales, aumentar ganancias, y alentar la inversión privada en el sector.
Lo cierto es que los trabajadores han debido adaptarse a las nuevas condicionalidades impuestas por las empresas, aumentando la productividad con diminución de operarios, y en muchos casos, realizando labores que no estaban comprendidas dentro de sus competencias.
Según Zozaya, en el período comprendido entre 2017 y 2022 se contabilizan 18 muertes de trabajadores por accidentes de trabajo, un promedio de 3 fallecimientos por año.
Familiares de las victimas ponen en duda el accionar sindical, y aducen que el paro dictado por el Sindicato de Petroleros Privados es solo una pantomima, que deben actuar antes de que las muertes ocurran, exigiendo medidas de seguridad. Ante los fallecimientos mandan un comunicado, una corona y todo queda allí, luego vuelven a trabajar normalmente, no hay una preocupación real por la vida de los trabajadores y trabajadoras petroleros.
Desde la FeTERA, expresamos nuestro total repudio ante esta situación que vulnera los derechos de los trabajadores del sector, poniendo en peligro sus vidas.
Exigimos la derogación de los pactos flexibilizadores, que expolian aún más al trabajo, y denunciamos el accionar de sindicatos empresariales, que actúan en detrimento de los derechos de los trabajadores, y en su propio beneficio.
Reclamamos al gobierno que investigue lo sucedido, a la justicia que determine responsabilidades, y actúen para garantizar las medidas de seguridad necesarias que prevengan y salvaguarden la vida de los trabajadores.
Manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores petroleros y muy especialmente con las familias de los compañeros fallecidos.
Reclamamos se haga justicia por la muerte de los trabajadores y por todos aquellos que han sufrido accidentes en sus labores y permanecen invisibilizados.