Pasan las semanas y el impuesto a las grandes fortunas, sugerido hace tiempo, no ingresa al Parlamento. En su lugar, ingresa un proyecto de moratoria y existen presiones por un blanqueo, que incluye a grandes empresas y capitales depositados en el exterior. De hecho, se pospone el accionar contra la evasión que comenzó a desarrollar la AFIP. Muchos gobiernos en el mundo buscan controlar la crisis por medio de estímulos fiscales y monetarios, emitiendo deuda y moneda en magnitudes sin precedentes, al tiempo que discuten como recaudar ingresos genuinos. Por eso, reiteramos el sentido de la declaración que emitiéramos semanas atrás para reiterar nuestra convocatoria, llamando a una nueva recolección de firmas, que se agreguen a las que ya acompañaron la declaración y así impulsar el tratamiento y sanción del impuesto de referencia. (21/07/2020)
La demora en el debate y sanción parlamentaria del impuesto a las grandes fortunas afecta severamente la continuidad del durísimo esfuerzo que realiza la población frente a la crisis desatada por la pandemia. Los distintos proyectos en danza pueden consensuarse para establecer un gravamen a las 15 mil personas que concentran las mayores riquezas del país. Esos recursos son indispensables para solventar la emergencia sanitaria y social y algunas localidades ya se anticiparon sancionando aportes obligatorios a los vecinos con alto patrimonio. Es urgente contar con los fondos que aportará ese impuesto. Las arcas públicas están comprometidas por el desplome de la recaudación corriente y la emergencia está a la vista. No existe ninguna justificación de la lentitud en el tratamiento de una medida tan impostergable. El impuesto a los grandes patrimonios no es una singularidad argentina. En muchos países se debaten esquemas semejantes de “tasa Covid”. Es evidente que la derecha presiona para impedir la sanción o vaciar el contenido del proyecto. Como ocurre con “Vicentin” y con la “deuda pública” despliegan una campaña de engaños sostenida en la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos.Afirman que la presión tributaria es elevada, ocultando la enorme desigualdad en la tributación. Los asalariados y consumidores pagan lo que deberían abonar los grandes acaudalados. El impuesto a la impúdica riqueza no es inconstitucional, ni afectará a la clase media. Deberá ser el punto de partida para introducir un régimen impositivo de efectiva progresividad y para eliminar la escandalosa evasión y elusión fiscal, que impera mediante las cuentas off shore y los fraudes en el comercio exterior. El proyecto impuesto a las grandes fortunas debe transformase ya mismo en una ley que contribuya a poner en práctica la redistribución del ingreso. Buenos Aires, 30 de junio de 2020