Por Isaac Gurovich
A partir de haberse conocido los desproporcionados aumentos de la luz, el gas y el agua, comenzaron las protestas para anular los aumentos a, través de la Justicia, los cacerolazos y las movilizaciones de los distintos sectores de la sociedad, porque a más del 70% de la población se le hace imposible pagarlos.
Los aumentos se producen porque las empresas están en manos privadas y está gobernando directamente, después de muchos años, la oligarquía terrateniente y ganadera (los dueños de los campos sojeros ) junto con las corporaciones multinacionales y, esta vez , por haber ganado el gobierno a través de elecciones y no a través de los golpes de estado como fueron los del 43, 55, 66 y el 76 con sus 30.000 desaparecidos . El gobierno anterior había tratado de instalar un Estado de bienestar dentro de un Estado capitalista, no tomando medidas como la aplicación de la Ley de Abastecimiento, controlando el precio de los alimentos, las excesivas ganancias y la exportación de las mismas sin control, la falta de inversiones, etc. Y el actual gobierno viene de iniciar un “trabajo cultural” con la complicidad de los diario, la radio y la televisión, sobre la base de falencias del gobierno anterior, falencias que hicieron creer a una parte de la población que “Cambiemos” venía realmente a cambiar. Lo que ignoraban esos ilusionados votantes es que Cambiemos venía con un plan de liquidación de la industria nacional, retrotraernos a un país agrícolaganadero y seguir dependiendo del exterior. Para poder entender la salida que yo propongo para resolver esta situación, que hasta ahora nadie ha tenido en cuenta, es necesario repetir un poco de historia, ya comentada en algún material anterior, que tendrá que discutirse si es que puede ser aplicada dentro del sistema capitalista.
Para resolver la situación que ha producido el intento de implantar esas desorbitantes tarifas, la primera medida a tomar es que las empresas de servicios públicos vuelvan a manos del Estado y que las tarifas se destinen a su mantenimiento y a sus inversiones: no deben servir, en su carácter de servicios públicos, para dar ganancias a empresarios particulares ; los hechos acontecidos en nuestro país nos muestran que esto puede ser posible, ya que en su momento han estado en manos del Estado, al amparo de una Constitución que no les permitía, como sucede hoy, que se convirtieran en un negocio de pingües ganancias para los buitres de siempre ya que son servicios públicos de los cuales dependen la vida y la salud de las personas.
Empresas del estado del 46 al 94 y la Constitución del 49 con su Artículo 40
A pesar de ser reiterativo ,ya que lo he publicado anteriormente, hay que dar a conocer las empresas y servicios en poder del Estado, la mayoría durante el gobierno de Perón , elegido a través de elecciones en el año 46, y que fueran rematadas por otro gobierno peronista, el de Menem, en la época del 90; además, no olvidar el artículo 40 de la Constitución del 49 que las defendía y que fuera derogado en el 94 por los propios peronistas, los radicales y los que hoy gobiernan el país. Hoy, el papel que jugó Menem, destruyendo lo que había construido un sector del peronismo, lo representa Sergio Massa, del Frente Renovador, quien haciéndose pasar por opositor adhiere con sus propuestas a todas las posiciones de este gobierno.
Aquí un listado de privatizaciones concluidas al 31 de marzo de 1996, que aún siguen siendo privadas o mixtas, en el mejor de los casos, como Aerolíneas e YPF . Telecomunicaciones: venta de ENTEL a Telefónica de Argentina y Telecom.Transporte aéreo: Aerolíneas Argentinas y Catering. Petroquímica: 6 empresas. Petróleo: YPF.SA y 9 asociaciones; otra forma de entregar el petróleo a empresas privadas: Refinería de Campo Durán, Refinor, Destilería Dock Sur, San Lorenzo, Transportes Marítimos Petroleros SA, Veinte buques tanques, Planta de aerosoles Dock Sur, Terminales Marit. Patag. Sector gasífero: Gas del Estado: 13 empresas distribuidoras y Carboquímica Argentina. Defensa: 5 fábricas militares, Altos Hornos Zapla, TANDANOR,SOMISA, Fábrica de Acero. Energía eléctrica: todo lo que fue Agua y Energía, SEGBA e Hidronor, 26 centrales entre usinas térmicas e hidroeleéctricas, transporte de energía ( alta y media Tensión) y las hidroeléctricas, Alicurá, Cerros Colorados, Futaleufu y El Chocón SA (las usinas de Segba acababan de ser repotenciadas). Transporte marítimo y puertos: ventas y concesiones; 9 buques de ELMA.SA. Ferrocarriles: cierre de ramales de todo el país y subvenciones a las concesiones. Ventas y concesiones: Obras Sanitarias de la Nación, Caja de Ahorro y Seguros, Banco Hipotecario. 86 áreas marginales, caminos, accesos, canales de TV y radio. No pudieron vender Yaciretá y Salto Grande porque fueron construidas con Paraguay Uruguay, ni las usinas atómicas de Atucha y Embalse en Córdoba.
Cifras recientes indican que se pagó por este remate 27.000 millones de dólares: 14.000 millones en efectivo y 13.000 millones en bonos a pesar de que había sido valuado en muchos millones más. La política de privatizaciones y concesiones a empresas privadas que luego fueron vendidas a empresas extranjeras, nos ha llevado a la situación actual donde las empresas con pésimos servicios, ganancias para pocos y desarrollo para menos, dominan el proceso productivo de nuestro país, recalientan el proceso inflacionario y sumen en la pobreza a cada vez más argentinos.
Para suprimir el tarifazo, hay que intervenir las empresas de gas, luz y agua, no aumentar las tarifas manteniendo los subsidios, e investigar en qué han invertido el dinero; luego transferirlas nuevamente a la órbita del Estado, que es el que tiene que manejarlas como ya lo hacía anteriormente de acuerdo al artículo 40 de la Constitución de 1949, ejemplo que recordamos, que debemos volver a aplicar si queremos comenzar a solucionar los graves problemas que estamos padeciendo y que nunca tuvimos que haber permitido que se anulara.
“Art.40: La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado mediante una ley podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en sobreguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”.
“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine.”
Ya han pasado más de 25 años desde que Menem remató las empresas del Estado y endeudó al país, con las consecuencias que estamos viviendo: creo que es llegada la hora de que las empresas de la energía eléctrica, el gas, el agua y el 49% de YPF pasen de vuelta al Estado y, en el caso de esta última, realizar contratos de obra en lugar de concesiones .Para solucionar los demás problemas, llamemos a los técnicos que entienden y que todos estos años han propuesto soluciones que nadie quiso escuchar. Al mismo tiempo, consultar a la opinión pública, que se debe hacer con lo que está y lo que no está en manos del Estado: puertos, telefónicas, satélites, fabricaciones militares, ferrocarriles, flota aérea y fluvial, etc.
Años de lucha para conseguir y reponer conquistas arrebatadas por los golpes de Estado y las dictaduras militares;
hoy con un gobierno constitucional no podemos permitir que se sigan desarrollando políticas contra los interese del pueblo. Los que vivimos esas épocas pasadas podemos afirmar que la aplicación de ese artículo dio extraordinarios resultados.
Isaac Gurovich, integrante del MORENO
NOTA: entre las argumentaciones que se daban para no aprobar los aumentos era que no se habían hecho las AUDIENCIAS PUBLICAS para discutirlos y que, de ser realizadas, se resolvería el problema; eso se convertiría en una nueva trampa, porque al no ser las AUDIENCIAS VINCULANTES, lo que allí se propone no tiene ningún valor. Esto sucedió después del apagón de un cuarto de la Capital en 1999 durante 15 días, cuando después de dos días de oposición de la mayoría a lo que ofrecían las empresas y el gobierno, se desconoció la voluntad de los asambleístas, y se aprobó todo lo que se había rechazado.