Sr. Presidente de la República Argentina
Ing. Mauricio Macri
S / D
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Con la mayor consideración:
Usted ha sido elegido primer mandatario de Argentina por una mayoría relativa de la ciudadanía cuyo principal reclamo era lograr cambios en el clima de las relaciones sociales y, en especial, en las perspectivas económicas que el país ofrecía al conjunto de la población.
Entre las cuestiones determinantes de su insatisfacción con el desempeño de las administraciones nacional y provinciales, pasadas y actuales, figura en un lugar relevante la prestación de los servicios esenciales, en particular el suministro de gas, energía eléctrica, combustibles líquidos y servicios sanitarios. La vida cotidiana se venía alterando por la deficiente oferta de esas prestaciones, que afectan a los usuarios y a todas las actividades productivas. A esos inconvenientes se agrega ahora el desmesurado aumento del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios, esenciales para la vida doméstica y el desarrollo económico.
A partir de casi tres décadas atrás Argentina ha vivido un proceso de fuertes vaivenes en las políticas en energía, las que finalmente han abandonado el modelo -estatal, nacional en su base, racional y centralmente planificado y ejecutado a través de grandes empresas públicas- que fuera generado a partir del descubrimiento del petróleo en 1907 bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta y se mantuvo vigente hasta el fin de la administración del presidente Alfonsín.
Hoy estamos en una situación difícil en materia energética, con fuerte retroceso en el autoabastecimiento, alta contribución al déficit fiscal de la cuenta de energía, y pérdida de soberanía y poder estatal frente al mercado y a las empresas del sector, en su mayoría multinacionales. No estamos en una crisis energética, paralizados como si no se supiera cómo resolver la situación; estamos en una lucha en la que se enfrentan un proyecto, impulsado por las grandes empresas energéticas del sector y el gran capital transnacional, con las necesidades y anhelos de la gran mayoría de los argentinos.
Lamentablemente su gobierno, contrariando su promesa de lograr ´pobreza cero´ y bienestar para todos, se ha inclinado, también en el área energética, por el proyecto de los grandes conglomerados empresarios, a saber:
a) descargando en los usuarios y el erario público el costo del déficit energético, mediante reiterados y desmesurados aumentos en el precio de combustibles y las tarifas de servicios -incluyendo la financiación de la tarifa social para el consumo de gas y electricidad de los usuarios más pobres- y cargando a las administraciones nacional y provinciales con prácticamente todo el peso de las inversiones en infraestructura del sector.
b) dejando de lado –tal como lo hizo la administración anterior- la reorganización sectorial a los efectos de lograr más eficiencia y disminuir los costos; así se continúa con disparates técnicos, tales como mantener la separación de las Transportadoras de Gas del Norte y del Sur y la desarticulación del área suburbana entre tres distribuidoras y cuatro generadoras.
c) importando gas licuado desde Chile -por medio de ENARSA, sin licitación internacional y sin justificar el precio, ratificando la matriz de irregularidades nacidas en los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner; a través de estos mismos gasoductos se exportó entonces el gas, dilapidando las reservas que eran insuficientes.
d) sosteniendo el precio en boca de pozo del petróleo doméstico muy superior al internacional y a los costos internos de producción; ello implica el mantenimiento de subsidios a empresas que no los necesitan, y a las que pueden imputarse varios incumplimientos de las obligaciones que fija la Ley de Hidrocarburos, entre ellos el sostenimiento de un nivel adecuado de reservas y las prórrogas anticipadas de los contratos de concesión. Además no se ha rebajado el precio del gas, a pesar de que se ha reducido el costo de las importaciones -por supuesto imprescindibles- del gas natural desde Bolivia y del gas licuado que se regasifica en el país.
e) cediendo parte importante de las reservas a empresas extranjeras en las concesiones (muchas en asociación con YPF S.A. o con petroleras provinciales) a cambio de promesas de inversión, que frecuentemente se incumplen o demoran, mientras se retacea información sobre esas asociaciones, incluso contrariando fallos de la Corte Suprema de Justicia.
A las empresas extranjeras les interesa ir aprendiendo cómo explotar Vaca Muerta, y esperan mejores precios internacionales mientras YPF, una sociedad anónima sin auditoría estatal, hace la mayor parte de la inversión con el dinero de los argentinos. Se aseguran de este modo la titularidad de buena parte de reservas que, en las condiciones técnicas de la explotación de no convencionales y los precios en el mercado actual, no son realmente reservas sino recursos cuya real dimensión no conocemos, pues no se publican datos oficiales.
Así, mientras se pone énfasis en el objetivo del autoabastecimiento hidrocarburífero, se sigue permitiendo y subsidiando exportaciones de crudos, y se pierde cada vez más la soberanía sobre los recursos.
Los servicios públicos de electricidad y gas se han deteriorado a lo largo de muchos años, porque las empresas distribuidoras no hicieron las inversiones necesarias; en una primera fase (1993-2003) Ley de Convertibilidad mediante, podrían haberlas ejecutado, porque dispusieron de ganancias extraordinarias más que suficientes que, en cambio, giraron al exterior. Luego sufrieron en parte el congelamiento de tarifas, particularmente las distribuidoras del Area Metropolitana de Buenos Aires, las que fueron `rescatadas` por los aportes del Estado Nacional, que cubrió sus deudas con las generadoras y transportistas. Los primeros concesionarios procedieron a despedir a casi el 50 % de sus agentes, altamente calificados, remplazándolo en parte con personal tercerizado, que en general muestra una falta de capacidad técnica alarmante. Los incumplimientos en el servicio no son castigados adecuadamente por los entes reguladores, que fueron cooptados por las empresas, y en diversos períodos y circunstancias han estado intervenidos o a cargo de autoridades designadas irregularmente.
Por su parte, las generadoras y transportadoras de electricidad y las petroleras proveedoras de gas y combustibles líquidos han venido obteniendo ganancias en el mercado desegulado desde el principio de las privatizaciones, pero después de una corta etapa en que se incorporaron generadoras a gas, no invirtieron lo suficiente para mejorar y ampliar la oferta de gas y electricidad. No atendieron el crecimiento del consumo, y aun sin que aumentara significativamente el número de usuarios por el bajo desarrollo de la distribución, desmejoró el servicio y hoy día persisten las restricciones, los cortes y las caídas de presión de gas y de tensión eléctrica.
Las obras en centrales eléctricas y redes que el Estado Nacional llevó a cabo, no han sido suficientes para evitar el deterioro del suministro, y paralelamente no se trabajó adecuadamente sobre la demanda; los planes de ahorro en electricidad se limitaron casi exclusivamente a aplicar castigos y premios según la variación del consumo, con resultados magros y efímeros.
El desarrollo de la política energética en general, y especialmente en el sector hidrocarburífero, está fuertemente marcado por la relación entre la Nación y las provincias, sobre todo a partir del otorgamiento del dominio originario sobre el subsuelo concedido a las provincias por la Reforma Constitucional del 1994 y la posterior sanción de la ley 26197 llamada “Ley Corta”, que les cedió la administración (el dominio judisdiccional) de los recursos del subsuelo. Con esa ley las administraciones provinciales agrupadas en la OFEPHI, que gobiernan a seis y medio millones de argentinos, se reservaron el manejo de una riqueza que pertenece a los cuarenta millones comprometidos en su desarrollo. Desde la presidencia de Figueroa Alcorta hasta la de Alfonsín -abarcando las de Yrigoyen, Alvear, Justo, Perón, Frondizi, Illia, Cámpora- en ningún gobierno constitucional se instituyó una relación tan desequilibrada entre las diversas jurisdicciones.
A partir de esa legislación se intensificaron los roces y también los acuerdos entre las distintas provincias y entre las fracciones partidarias en las distintas administraciones, en una puja por incidir en el otorgamiento y renovación de las concesiones de áreas hidrocarburíferas a las empresas, en el reparto de regalías y las cargas, subsidios e inversiones en infraestructura a cargo del erario público. Los resultados generalmente favorecieron a las empresas petroleras -en su relación con las autoridades locales, la población y los gremios del sector- cuando se aliaron con las empresas provinciales, tal como lo reconociera por entonces el actual Ministro de Energía cuando ejercía como máxima autoridad de Shell Argentina S.A..
Es de lamentar que el actual Ministro de Energía y Minería esté tomando un camino inconducente al atribuir toda la responsabilidad de la situación actual a las políticas del kirchnerismo, si bien indudablemente acentuaron el deterioro de la situación de la energía. Y al tiempo que no busca la derogación de la legislación que sostiene el estado actual del sector, nombra en su gestión a ejecutivos de grandes empresas o funcionarios, muchos de los cuales tuvieron cargos oficiales y actuación relevante en la década de los años 90.
En suma, el origen del actual desacalabro está en el proceso de privatización desatado por el ex-presidente Menem junto con la implantación de una libertad de mercado casi irrestricta, que permitió a empresas del sector generar utilidades inmediatas y alcanzar posiciones predominantes en el desarrollo futuro de la energía en el país.
Por ello el MORENO entiende que debe ser revisada toda la política energética llevada adelante desde 1989, e impulsa un verdadero cambio cuyos lineamientos principales son los siguientes:
a) Los recursos energéticos deben volver bajo el dominio del Gobierno Nacional, y la política global del sector debe ser establecida a nivel federal, con la intervención del Congreso Nacional y la participación de todas las provincias.
b) la provisión de los bienes energéticos y el suministro de los servicios públicos de gas, electricidad, combustibles, agua y servicios sanitarios, deben asegurar a todos los habitantes la accesibilidad y la permanencia en el usufructo y estar regulados por organismos de control federales y provinciales.
c) los principales ejecutores de las políticas sectoriales deben ser empresas estatales sometidas al control legislativo, y gestionadas por directorios con participación de trabajadores y usuarios.
d) debe realizarse un esfuerzo sostenido por disminuir el peso de los combustibles fósiles en la matriz energética y su contribución al cambio climático. Para la producción de electricidad se debe recurrir preferentemente a la energía hidráulica, nuclear, eólica y solar, sin distorsionar -por intereses económicos o presiones geopolíticas- las prioridades que fijen el balance de los recursos disponibles y la ecuación técnico-económica de cada proyecto.
e) es necesario actuar más activamente sobre la demanda eléctrica, impulsando la mejora de la eficiencia energética, la electrificación y el ahorro en la edificación, el transporte, los aparatos electrodomésticos, las máquinas y procesos industriales y el alumbrado.
Se impone entonces avanzar en el cambio que necesita el pueblo argentino para poder ejercer el derecho a disponer de la energía suficiente para gozar de una vida digna. Propugnamos entonces, en primer término y de acuerdo a los lineamientos anunciados:
– Declarar servicio público el suministro de gas, electricidad, agua y servicios sanitarios y la provisión de combustibles, y que se reformen los marcos regulatorios existentes y se formulen nuevos de ser necesario.
– Revisar los contratos de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos y de distribución y comercialización de servicios públicos, rescindiendo aquéllos en los que se hayan incumplido las inversiones o el mantenimiento de la calidad del servicio o la reposición de las reservas, y se conviertan los demás en contratos de prestación de servicios.
– Estatizar totalmente la empresa YPF S.A. convirtiéndola en Sociedad del Estado.
– Prohibir la exportación de petróleo y derivados y limitar la extracción a los volúmenes necesarios para atender exclusivamente a la demanda interna.
– Realizar una evaluación de las reservas de hidrocarburos, independiente de las empresas y las evaluadoras internacionales.
Sin otro particular, y quedando a disposición del Sr. Presidente para aportar soluciones para el sector energético, saludamos a Usted
Con nuestra mayor consideración
Buenos Aires, 30 de mayo de 2016
Hugo A. Palamidessi Gustavo A. Calleja José Rigane Vicepresidente Presidente Vicepresidente