Por José Rigane (Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)
El conflicto en el sector petrolero de Chubut se explica en parte por la abrupta caída del precio del barril a nivel internacional, que en julio de 2014 estaba en u$s 110 y hoy cotiza alrededor de u$s 30. Pero esto no explica todo el conflicto que, entre otras cosas, puede dejar a unos 6.000 trabajadores petroleros en la calle. Lo que está ocurriendo en la provincia de Chubut, la principal productora de petróleo del país y que exporta alrededor del 30% del crudo que produce, es que hay una fuerte puja de las compañías petroleras por aumentar la tasa de ganancia a costa de los asalariados. Los empresarios de las principales productoras de petróleo del país quieren que la caída del precio la asuman los trabajadores y el Estado mediante subsidios.
En Chubut se necesita invertir en una destilería, para poder así procesar el crudo pesado, que hace décadas se exporta sin valor agregado, entregando soberanía y riqueza a manos de las multinacionales. La propuesta del gobierno nacional de hoy no cambia de rumbo y profundiza la supeditación y entrega de nuestras riquezas, encimas subsidiadas.
¿Y las petroleras? Bien gracias.
Ayer se realizó una nueva reunión entre el estado nacional, el provincial, los sindicatos y las petroleras para alcanzar un acuerdo. La reunión fracasó y se pasó para una nueva la semana que viene. Los trabajadores anunciaron que resignan las paritarias, el estado nacional asumiría el costo en subsidios por unos u$s 500 millones de dólares anuales y Chubut podría en la negociación bajar las regalías. Las empresas no pondrían nada. Así parece que viene la negociación, donde las grandes compañías presionan con seguir desactivando equipos petroleros porque no pueden “afrontar” la caída del precio del barril.
Resulta que el gobierno de Mauricio Macri acordó un nuevo valor para el barril de petróleo extraído en el país. En voz del ministro Aranguren, el gobierno comunicó a fines de diciembre que los precios que regirán para la comercialización de crudo en el mercado interno a partir del 1° de enero de este año son de U$S 67,5 para el Medanito (de la Cuenca Neuquina) y de U$S 54,90 para el crudo tipo Escalante que se extrae en la cuenca del Golfo de San Jorge (Chubut y norte de Santa Cruz). Antes los precios iban de 77 a 63 dólares, respectivamente.
Desde ya que el subsidio para mantener la tasa de ganancia de los grandes petroleros viene del gobierno anterior, pero ahora se suma que el sector entro en crisis por la caída del barril mundial.
Los subsidios que podrían cerrar el acuerdo son por U$S 500 millones y saldrían de las arcas nacionales para garantizar que las grandes petroleras no pongan en riesgo sus inversiones y ganar por cada barril exportado 54,90 dólares, en un mercado que los compra y vende a U$S 30. Esa diferencia la ponen los trabajadores, la provincia y el estado nacional. Las empresas, nada. Así es la política energética del gobierno de Mauricio Macri y su ex CEO de Shell, Juan Jose Aranguren.
Las petroleras no ponen nada ante un contexto de precios en caída y los que asumen los costos en dólares, el esfuerzo y las condiciones laborales son los trabajadores y el estado. Lo que sucede también es que el estado no es un actor pasivo sino que tiene un papel preponderante para que impere esta lógica. El ex CEO de Shell (una de las grandes petroleras del país y una de las 6 más grandes del mundo) y hoy ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, pareciera que atiende de los dos lados del mostrador: desde el Estado para garantizarle el negocio a las petroleras como Shell, YPF (bajo lógica de mercado), PAE, Tecpetroel, Pluspetrol, Chevron, Total, etc.
El mostrador para los trabajadores y el pueblo pareciera estar cerrado o fuera de servicio.
26 de enero de 2016
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