Política Energética

Enajenación del patrimonio petrolero - Por Hipólito Solari Yrigoyen

Los gobiernos de Chubut y Santa Cruz firmaron en 2007 un contrato de concesión petrolera hasta el año 2047 del yacimiento Cerro Dragón, a favor de la empresa Pan American Energy (PAE). Los términos del contrato constituyen una enajenación del patrimonio nacional y definen la política energética del gobierno de los Kirchner. Un recurso de amparo y las “patotas british”.

 

La producción diaria de Cerro Dragón -5,7 millones de metros cúbicos de gas y de 15.000 metros cúbicos de petróleo- es la más importante del país. Negociado en el ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios, a cargo de Julio De Vido, ese contrato ha sido el modelo seguido después en negociaciones similares con otras empresas. La concesión de este yacimiento puede considerarse un nuevo y perfeccionado capítulo de la historia negra del petróleo en el país, tanto por el sigilo con que se negoció, la antelación a su vencimiento con que se firmó y por las cláusulas que lo integran, lesivas para los intereses nacionales en general y de las provincias afectadas en particular.

PAE, es una empresa inscripta en el Estado de Delaware, Estados Unidos. Su capital mayoritario pertenece a British Petroleum. En el momento de firmarse el contrato el capital minoritario pertenecía a la firma argentina Bridas. En 2010 se hizo público que la mitad de Bridas fue comprada por capitales chinos: China National Offshore Oil Corporation.

El primer contrato sobre el yacimiento fue firmado el 27-4-07 por el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, y por el representante de la sucursal argentina de la empresa beneficiaria, Carlos A. Bulgheroni. Poco después, en junio de 2007, se firmó un segundo contrato con el gobernador DanielPeralta de Santa Cruz, ya que el yacimiento se extiende en las dos provincias.

En un borrador del contrato aparecía también firmando, “en representación del Estado Nacional”, el ministro de Vido, pero en el texto definitivo, seguramente con la intención de disimular la responsabilidad del gobierno nacional, su participación fue eliminada. No obstante, la propia PAE, una vez suscripto el contrato con Chubut, publicó una solicitada de una página en los principales diarios de Buenos Aires, en el que textualmente se anunciaba que “con la participación del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia del Chubut y Pan American Energy acordaron prorrogar la concesión del área Cerro Dragón” (1). Ninguna autoridad desmintió la participación del gobierno nacional.

En 2009, el gobernador de Chubut Mario Das Neves informó a la prensa que “empezamos a trabajar en el tema el 10 de diciembre de 2003” (2). Sin embargo, el texto del contrato rcién se conoció el 7-4-07, cuando fue enviado a la Legislatura de Chubut para su tratamiento y aprobación. Así, con el sigilo de la negociación, se evitó el debate ante la opinión pública del otorgamiento sin licitación de una concesión evaluada en no menos de 50.000 millones de dólares. Por su extensión en el tiempo, que puede llevar la explotación del yacimiento hasta su agotamiento, más que de una prórroga corresponde hablar de una enajenación.

La Legislatura provincial aprobó la ley el 24-5-07 en un debate por demás irregular, ya que una patota sindical de los petroleros privados interrumpió continuamente al orador crítico del convenio, el diputado Carlos Alberto Lorenzo (Unión Cívica Radical, UCR). Su colega de bancada, María Alejandra Nassif fue por su parte lisa y llanamente impedida de hablar. El voto de estos dos legisladores y el de Ricardo Iriani (Partido Acción Chubutense, PACH) fueron los únicos votos en contra.

Toda la negociación fue propia de una republiqueta. Hubo seis legisladores de la UCR que fueron expulsados del partido por el Tribunal Nacional de Ética por haber votado el contrato y no cumplir con el programa partidario y los mandatos expresos de la Convención Provincial y del Comité Nacional de la UCR para que se opusieran.

Cuando se envió el contrato a la Legislatura se omitió el expediente administrativo, que solo llegó once días después, generando la sospecha de que el expediente fue elaborado a posteriori para cubrir las apariencias. La primera actuación data del 5-3-07 y no de diciembre del 2003 cuando, según Das Neves, comenzó la negociación. Numerosas hojas han sido refoliadas y para justificar todos los pasos seguidos en tan breve lapso figura el informe técnico emitido el 25 de abril, la opinión del Fiscal de Estado al día siguiente y la firma del contrato por el gobernador un día después.

El informe técnico fue elaborado por el ingeniero Jorge Valdez Rojas, ex presidente de la empresa Transportadora de Gas del Norte, sin que conste qué organismo público se lo solicitó. La responsabilidad de haber acompañado al expediente el informe no requerido de un tercero recae conjuntamente entre las autoridades y la empresa beneficiada.

La reputación técnica de British Petroleum es deficiente en el mundo. Esta empresa fue la responsable del derrame iniciado el 20 de abril pasado en el Golfo de México, que alcanzó una extensión igual al territorio de Puerto Rico y costó la muerte de once trabajadores. British Petroleum es “proclive a los accidentes” y ha sido acusada de “anteponer las ganancias a la seguridad” (3).

Valdez Rojas, apoyándose siempre en los informes recibidos de PAN, concluye que “la compañía atiende los yacimientos con arreglo a normas vigentes en materia ambiental y de seguridad de las personas”. Se ignora quien se hizo cargo de los honorarios del perito y su monto. Pese a que el informe es del 25-4-07, el Secretario de Hidrocarburos de la provincia figura remitiéndolo al Ministro Coordinador el 20-4-07. Estos detalles demuestran la adulteración del expediente administrativo.

Fecha y cláusulas del contrato

El título del contrato es “Acuerdo para la implementación de inversiones en áreas hidrocarburíferas”. La concesión terminaba en el año 2017, y de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos 17.319 (artículo 35), la empresa podía solicitar una prórroga por otros diez años seis meses antes de su finalización. La prórroga se le podía otorgar “siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión”. Pero al firmarse el contrato en el 2007, diez años antes, el Estado renunció al control del cumplimiento de las obligaciones de la empresa en esa década.

PAE tampoco ha probado cómo ha llegado a sus manos una concesión que pertenecía a YPF, ya que no consta ninguna disposición oficial aprobando esa transferencia. Al prorrogarse la concesión por treinta años (diez a partir del 2017 y una opción por veinte años más), el plazo resulta superior al permitido por la Ley de Hidrocarburos. La cláusula más perjudicial es la que establece una regalía del 12% a favor de la provincia, cuando en todo el mundo las regalías que pagan los concesionarios al dueño del yacimiento rondan el 50%.

El gobierno del Chubut se jacta de haber obtenido un 3% suplementario de regalías, lo que no es exacto porque ese porcentual es solo “un aporte especial”, como dice el acuerdo, y no regalía. Las regalías se calculan sobre el petróleo extraído en la boca de pozo, mientras que este aporte es sobre los ingresos netos; es decir deduciendo del precio de venta los impuestos, retenciones, regalías y gastos de transporte y almacenaje o los impuestos y gravámenes similares que los sustituyan en el futuro. Así, este “aporte” es muchísimo menos que una regalía. El 12% de regalía se justificaba cuando YPF era del Estado Nacional y en el mundo no había la crisis de reservas actual que, entre otros factores, ha llevado el precio del petróleo a cifras siderales.

Las ofertas de inversiones que hizo PAE quedaron sujetas a condiciones que, de no darse, eximen a la empresa. Por ejemplo, si se aumentaban las regalías o los impuestos. De hecho, esto ocurrió al aumentarse las retenciones, con lo que ahora PAE puede o no invertir, pero ya no está contractualmente obligada. Las inversiones dejarían también de ser obligatorias si el precio del petróleo crudo en dólares por barril resultaba inferior al precio promedio percibido por PAE en la provincia durante el primer trimestre de 2006. Esta última condición es ajena a las posibilidades de control tanto de la provincia como de la Nación, ya que no participan en la formación del precio internacional del petróleo.

Según el contrato, las promesas de inversión también caerían si se ponían restricciones a la libre exportación del petróleo extraído. O sea que el país renuncia al control de un insumo esencial y no renovable. Así,

en 2010, Argentina importa hidrocarburos, pues el país ha perdido el autoabastecimiento, mientras PAE los exporta. Si Chubut pretendiera cancelarle o limitarle la libre exportación para dedicar la producción a las necesidades internas, tendría que hacerse cargo del resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento. PAE, en cambio, no ha asume ninguna responsabilidad similar.

 

Es sabido que después de la venta de YPF, durante el gobierno de Carlos Menem, cesó la exploración de nuevos yacimientos, lo que ha llevado a una disminución drástica de la producción. Laprivatización implicó que YPF, como las demás privadas, se limita a la perjudicial ecuación comercial de extraer al máximo, no explorar y exportar todo lo posible. Debe señalarse, además, que no existe ningún control de las inversiones que PAE declara o, peor aún, que el gobernador Das Neves, haciendo de vocero de la empresa, dice que ésta ha hecho,.

En el contrato, PAE se compromete a invertir sólo 80 millones de dólares en la exploración marítima, cantidad insignificante por el alto costo de esta actividad. Otra cláusula leonina es la que se refiere a la certificación de reservas. La misma debe hacerla un técnico con antecedentes nacionales e internacionales designado de común acuerdo, pero si tal acuerdo no existe el certificador deberá ser designado de una lista de tres propuesta por la empresa. Así, PAE es juez y parte en la certificación.

El acuerdo firmado por Das Neves menciona que “si correspondiere” el impuesto de sellos sería pagado por la provincia, pero la Legislatura fue más generosa y en la ley aprobada declaró al acuerdo “exento del impuesto de sellos”. Se trata de una importante suma -muchos millones de dólares- que Chubut podría haber dedicado a la lucha contra la pobreza, a mejorar su infraestructura vial o los magros salarios de los docentes y empleados públicos, o a cualquier otro fin económico y social, en vez de regalarla a los capitalistas británicos y estadounidenses del petróleo. El gobernador Das Neves ha destacado que Chubut percibiría en el primer decenio 778 millones de dólares, pero no dijo que, en el mismo lapso, la empresa va a ingresar más de 12.000 millones.

Otro déficit del “Acuerdo de Inversiones” es que no se ha respetado la legislación ambiental del país, que tiene rango constitucional: en efecto, el derecho al medio ambiente sano está consagrado en el artículo 41 de la Carta Magna. Se ha dejado así de lado la ley específica en esta materia (la 25.675), olvidando que es de orden público y aplicable en todo el país. La vaga referencia que se hace en el contrato al tema no se ajusta a las normas de la ley.

El contrato anuncia que se aumentarían las fuentes de trabajo, pero cuando sobrevino la crisis económica de 2009, quedó evidenciado que la empresa no asumía ninguna obligación contractual sobre el tema, ya que se produjeron centenares de suspensiones y despidos.

Un recurso de amparo

En defensa del patrimonio nacional y provincial, seriamente afectados por el acuerdo, el que suscribe, junto con su colega y dirigente del justicialismo, David Patricio Romero, presentaron un recurso de amparo ante la justicia provincial, tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial No. 1 de Comodoro Rivadavia a cargo del doctor José Leonardh para obtener la nulidad del contrato, por violar normas constitucionales de la Nación y de la provincia, además de leyes aplicables.

 

Es importante subrayar que se trata de una iniciativa ciudadana, interpartidaria, a que cuenta con el aporte de los letrados José Raúl Heredia, Alberto Gustavo Menna y Marcos Rojas Castro. Heredia ha sido miembro del Superior Tribunal de Justicia y legislador y diputado constituyente de Chubut por el Partido Justicialista (PJ), en tanto que Menna ha sido legislador, diputado constituyente de Chubut y candidato a diputado nacional por la UCR.

Los autos fueron caratulados “Solari Yrigoyen Hipólito y Romero, David Patricio c/ Provincia del Chubut y otra s/ Acción de Amparo Expte. No. 198-07”. El recurso fue aceptado por la justicia pero finalmente fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Al presentar el recurso judicial, los dos firmantes y sus letrados organizaron el (2007) una conferencia de prensa en Buenos Aires para dar conocer a la ciudadanía la batalla judicial emprendida y sus fundamentos. Así se hizo, en presencia de legisladores nacionales, representantes de los principales partidos políticos, ex gobernadores, dirigentes sindicales y de ONG, intelectuales y otras personalidades.

El gobierno del Chubut respondió con una solicitada publicada en los principales diarios nacionales cuyo costo, a cargo del Estado provincial, osciló en los 400.000 pesos. Allí, los firmantes del recurso y sus abogados son calificados de “personeros de épocas grises, contubernios y responsables de la destrucción de las capacidades productivas y el deterioro social de los ciudadanos chubutenses”, entre otras diatribas. También la empresa, aunque sin esos epítetos, dedicó costosas solicitadas para atacar esta defensa del patrimonio nacional

Más explícito aún fue el gobernador Das Neves, después que la UCR, en una solicitada (4), le rebatiese por inexacto el anuncio del descubrimiento por PAE de un nuevo yacimiento que, según se dijo, duplicaría la producción en Chubut. Das Neves no pudo precisar la ubicación de tal yacimiento, pues se alegó, era un secreto de la empresa.

Fuera de la difusión paga, ningún diario ni radio ni canal de TV informó sobre el desmentido de la UCR, pero la respuesta del gobierno fue otra solicitada de una página (5),  firmada por el Partido Justicialista y publicada en todos los diarios de la provincia y difundida por otros medios. El título de la misma fue “La nostalgia de los miserables” en referencia a los miembros de la UCR.

Mientras esto ocurría, el ministro coordinador de Chubut Norberto Yahuar, hoy secretario de Pesca de la Nación, amenazaba a los denunciantes, a través de la prensa local, con que iban a tener “que pagar con su patrimonio personal el daño provocado al Chubut”

Patotas en acción

Gracias a la aprobación de la concesión petrolera en Chubut, PAE pudo firmar en Washington un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional, organismo inversor para el sector privado del Banco Mundial, por el otorgamiento de un préstamo de 550 millones de dólares para invertir en Cerro Dragón. Este préstamo, respaldado por el contrato de Chubut, es el de mayor monto otorgado en los, hasta ese momento, 51 años de existencia de la entidad.

La legislatura de la provincia de Santa Cruz se resistió por su parte a aprobar el contrato y los legisladores que se oponían (justicialistas y radicales) acusaron al gobernador de haberlo firmado “a espaldas de la provincia”. Hubo movilizaciones populares en Río Gallegos, Caleta Olivia y otros lugares para rechazar el denominado “Acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la provincia de Santa Cruz”. El ex gobernador justicialista Sergio Acevedo fue uno de los objetores de la enajenación. La composición de la mayoría justicialista cambió en las siguientes elecciones y el contrato fue aprobado en marzo de 2008, con la oposición de los legisladores de la UCR.

Poco después se realizó en la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia un foro multisectorial para debatir las renegociaciones petroleras de Chubut y Santa Cruz. Los oradores fueron marcadamente críticos, y pese a que asistieron varios funcionarios del gobierno, ninguno habló en defensa de la posición asumida por el gobernador Das Neves. Pero el oficialismo acudió a un procedimiento más expeditivo para poner fin a la asamblea. Lamisma “patota british” (así la llamó la agencia noticiosa Rawson Line), que había perturbado el debate en la Legislatura irrumpió a los golpes en la sala de reunión ubicada en un subsuelo, lanzó una bomba de estruendo que inundó con humo el ambiente y puso así punto final a la reunión en momentos en que hablaba el senador radical Gerardo Morales. Hubo varios heridos. Uno de los agredidos fue Sergio Acevedo.

Entre quienes se quedaron sin hablar estaba el diputado nacional Fernando “Pino” Solanas, quien representaba al Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora(MORENO), asociación civil que preside. Esta organización, con la firma de Solanas, presentó días después un Amicus Curie en el expediente “Solari Yrigoyen Hipólito y Romero DavidPatricio contra Provincia del Chubut y otro”. Este memorial, en carácter de “amigos del tribunal”, constituyó un aporte jurídico al recurso de amparo, finalmente rechazado por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut en 2008.

El expediente ha quedado como un testimonio más de la extensa y honrosa lucha del pueblo argentino en defensa de su riqueza hidrocarburífera, al impugnar no solo un contrato sino una política puesta en marcha con la venta de YPF y profundizada en la actualidad.

*Por Hipólito Solari Yrigoyen: Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales; ex senador de la Nación (l973-76 y 1987-95) y presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.

              Fuente: El Dipló 136 – octubre de 2010 Le Monde Diplomatique

1 “Un nuevo horizonte para nuestra energía”, La Nación, Buenos Aires, 30-4-07.

2 La Nación, Buenos Aires, 28-4-07.

3 The Wall Street Journal Americas, en La Nación, Buenos Aires 4-5-10.

4 “Como lo nuestro pasó a ser ajeno”,  diario El Chubut, de la ciudad de Trelew, 28-1-08.

5 Diario Jornada, de la ciudad de Trelew del 29/1/08, página 5.

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