Política Energética

Crece la lucha contra el tarifazo en Argentina

Nota de José Rigane publicada en la Revista #11 del Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) de Abril de 2018 que reproducimos en el portal de la FeTERA

El gobierno Mauricio Macri utiliza el Ministerio de Energía como un centro de atención a la voracidad empresaria y avanza en la profundización de la gestión neoliberal en energía.

Como contraparte crece el descontento popular, y el movimiento sindical, junto a distintas organizaciones sociales viene desarrollando iniciativas para combatir el brutal tarifazo. En los últimos días se realizó “La marcha de las velas” convocada por la “Multisectorial contra el tarifazo”, donde se encuentra la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y en los días previos se  había producido el ruidazo nacional para evidenciar el rechazo contra los incrementos tarifarios.

El brutal tarifazo beneficia a empresas privatizadas y golpea a trabajadores/as y sus familias, a los jubilados y jubiladas. Pega directo en la clase media, destruye la vida cotidiana de los pobres y margina aún más a los marginados. Un pueblo no pude tolerar que en pocos meses aumente 1.600% la electricidad, 1.300% el gas y 660% el agua. Son elementos vitales para la vida moderna y hacen a la dignidad de las personas.

Este modelo energético neoliberal que se desarrolla en la Argentina nunca cambió desde las privatizaciones de las empresas estatales de la década del 90, como YPF o Gas del Estado. Es un modelo basado en dos conceptos fundamentales: la privatización y la extranjerización.

Lo que ocurre es que el actual gobierno de Macri puso el pie en el acelerador con políticas que perjudican velozmente a los trabajadores y trabajadoras y benefician al sector privado, que está altamente concentrado y extranjerizado en un puñado de empresas. Junto con el brutal endeudamiento, Argentina está viviendo un momento histórico para los sectores concentrados de la economía por la transferencia de miles de millones de dólares que van desde los usuarios y consumidores y también directo desde el Estado hacia las empresas privatizadas de energía.

La política que implementó el gobierno de Macri respecto de los subsidios estatales fue modificar lo que venía haciendo el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, el objetivo estructural del modelo energético predominante nunca cambió. Con subsidios estatales o, como ocurre ahora, con desembolsos directos desde los bolsillos de los usuarios (en reemplazo de los subsidios estatales), siempre el dinero va a parar a las ganancia de las multinacionales energéticas.

La lista es enorme, pero podemos mencionar algunas de las medidas más importantes del dúo Macri – Aranguren en dos años de gestión: El aumento del 1.500% en las tarifas eléctricas y del 600% en las tarifas de gas; el aumento del 66% en los combustibles; la condonación de deuda a empresas eléctricas por 19.000 millones de pesos (alrededor de US$ 1.000 millones) en noviembre de 2016; la “liberalización” del precio de los combustibles, que otorga libertad a las empresas para que pongan el valor que quieran de las naftas sin intervención del Estado (lo mismo ocurre con el precio del petróleo); el Programa de Incentivo a las Inversiones en Gas No Convencional, que es un subsidios directo del Estado a las petroleras en el shale gas de Vaca Muerta (el Estado nacional le paga en subsidios a las empresas gasíferas entre 5 y 7,50 dólares el millón de BTU de gas, cuando en el mundo el millón de BTU tiene un valor entre 2 y 2,50 dólares); la quita total de las retenciones (impuesto) a la actividad minera; además, se suman distintos beneficios impositivos que mes a mes gozan las empresas generadoras, de transporte y distribuidoras de energía.

Un párrafo aparte merece la mención al fracking en todo este panorama. En Argentina, sin importar el color del gobierno de turno, las empresas petroleras están realizando extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. Son fracturas hidráulicas en las perforaciones de los pozos que se hacen en la formación geológica Vaca Muerta, en la Patagonia. Mediante esta técnica, las petroleras utilizan millones y millones de litros de agua, provocan peligrosos y dañinos temblores a cientos de metros de profundidad, utilizan alrededor de 500 químicos y muchas otras cosas más que requiere esta técnica del fracking.

Hay muchas luchas de distintos pueblos del sur argentino y de las grandes ciudades para que no avance, pero este modelo energético neoliberal es altamente depredador de los recursos naturales (bienes sociales) del país.

Algo que podría tener un carácter ecológico positivo tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables (solar y eólica). Pero en todas las políticas que impulsó el gobierno en este sector desde que asumió a fines de 2015 tiene la típica marca del neoliberalismo: regalo de los recursos naturales por parte del Estado y enormes ganancias para las empresas privadas. Por si fuera poco, una reciente investigación periodística de un diario nacional (“Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego vendió 6 parques eólicos”, Diario Perfil, 7 de enero de 2018) denunció que funcionarios del gobierno de Macri podrían haber beneficiado al Grupo Macri (grupo empresario liderado por Franco Macri, el papa del presidente) en un negocio de al menos 50 millones de dólares con la compraventa de proyectos de energía renovable.

A este panorama de medidas de gobierno hay que sumarle la reforma laboral que intenta disminuir el salario y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. El primer ensayo para impulsar esta reforma por parte de Macri fue el sector petrolero. Con complicidad de algunos dirigentes sindicales del gremialismo burocrático tradicional, el gobierno logró imponer una reforma a los petroleros que los hace retroceder en sus derechos varias décadas de conquistas y mejoras en sus condiciones de vida, trabajo y salario.

¿Quiénes se benefician en la energía con el modelo neoliberal de Macri?

En el sector de las multinacionales de petróleo y gas podemos mencionar a Shell, Chevron, British Petroleum (BP), Exxon o la francesa Total. En minería, las empresas canadienses, australianas y estadounidenses son las que más se vieron beneficiadas. También están ganando millones de dólares las grandes compañías de capitales nacionales como el Grupo Bridas (asociado en la compania Pan American Energy a la inglesa BP y a la china CNOOC) de la familia Bulgheroni; Tecpetrol del Grupo Techint del empresario Paolo Rocca; la petrolera CGC de Eduardo Eurnekian; y, principalmente, el Grupo Pampa, del empresario Marcelo Mindlin, que es muy amigo del presidente Macri.

No hay que olvidarse de las empresas de distribución de gas como Metrogas (cuyos principales accionistas son YPF y British Gas) y de electricidad como Edesur (del grupo italiano Enel) y Edenor (Grupo Pampa) en Buenos Aires y las distribuidoras de las provincias como Edea, Edelap, Eden, Edes entre otras, que se vieron beneficiadas con el aumento de tarifas que tiene un sendero de incrementos sostenidos hasta 2019.

Una llamativa casualidad es que en los 90’ se privatizaron las empresas estatales en varias compañías. Luego de 25 años, estas últimas empresas (Edea, Edelap, etc.) forman parte de un mismo grupo llamado DESA, donde hay empresarios como Rogelio Pagano como principales accionistas, que a su vez es socio de Marcelo Mindlin. Todos cercanos a Mauricio Macri.

El gobierno de Macri – Aranguren también avanza de manera silenciosa y sin anuncios llamativos en el desarme y venta de YPF. Hace pocos días atrás General Electric compro el 25% de las acciones de YPF Energía Eléctrica, una firma de YPF S.A. dedicada a la generación de electricidad. De todos modos aún no pudo avanzar sobre la petrolera (con el 51% de las acciones en manos de Estado nacional) aunque la gestión y dirección estratégica de YPF está totalmente bajo la lógica empresarial.

Fuente: Revista ESNA #11 - Abril de 2018 / encuentrosindical.org/

 

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