Política Energética

SOBRE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y LA HUELGA NACIONAL DEL 20 DE NOVIEMBRE

Estamos en medio de un proceso de reconversión del sistema capitalista que pone en crisis económica, alimentaria, energética y ambiental a todos los pueblos.

En este marco, consideramos un paso adelante pero insuficiente la recuperación del 51% de YPF, porque para recuperar soberanía es necesario estatizarla totalmente y volver a tener una empresa de bandera nacional.

Es insuficiente porque YPF sólo extrae el 23 % de los hidrocarburos en nuestro país, por lo que para lograr soberanía energética es indispensable recuperar la totalidad de los yacimientos hoy en manos de multinacionales.

Sin esta medida patriótica queda en el vacío cualquier discurso progresista, principalmente porque no se modificó nada del marco regulatorio que establece la libre disponibilidad del crudo, así como la libre importación y exportación de gas y petróleo y se sigue considerando el recurso como si fuera un commodity y no un bien estratégico de carácter no renovable.

Si no se cambian estas condiciones, creando una empresa totalmente estatal y se recupera la totalidad de los yacimientos hidrocarburiferos en manos de otras multinacionales que explotan más del 75 % del recurso y no se discute un modelo energético basado en el desarrollo nacional y la independencia económica se continuará prolongando un modelo de entrega.

Después de muchos años de planteos desde la FeTERA sobre la certeza de que íbamos directo a una crisis energética con este modelo depredador y extractivista, hoy  esa crisis se hace evidente ante la necesidad de importar gas y naftas por mas de 10 mil millones de dólares a consecuencia de una total entrega de la explotación del recurso energético mas importante. Esto licua el superávit comercial destinado a pagar deuda externa.

Es imprescindible cambiar el modelo energético en su integralidad porque acentúa la dependencia como también es imprescindible cambiar el modelo productivo del país y dejar de ser solo productores  y exportadores de materias primas que el sistema capitalista nos asigna como rol en un mundo globalizado y abandonar definitivamente un modelo extractivista.

Esos cambios imprescindibles deben estar orientados hacia la industrialización y el desarrollo para un modelo emancipatorio. La clase trabajadora vive sumergida en luchas y reclamos permanentes por una mejor calidad de vida y que hoy solo tienen respuestas parciales que solo llegan a atenuar el impacto de mas de 30 años de neoliberalismo.

Prevalece el trabajo informal, temporario y  tercerizado. Mas del 40 % de los trabajadores están precarizados y flexibilizados y sometidos a condiciones laborales de superexplotación. En este sector los salarios no alcanzan o apenas lo hacen al salario mínimo vital y móvil y la mayoría no tiene relación de dependencia ni gozan los beneficios de la seguridad social.

En el sector energético el modelo laboral vigente contiene a una gran cantidad de trabajadores en la informalidad. Las petroleras tienen miles de trabajadores en empresas tercerizadas y convencionados en la UOCRA con el único fin de obtener mayores súper-ganancias, bajando costos laborales y en el sector eléctrico se da la misma situación donde abundan las empresas tercerizadas que muchas veces se encuentran en manos del sindicalismo empresarial que han transmutado de representantes sindicales a patrones como es el caso de la FATLyF.

Nuestra FeTERA nació en la resistencia al modelo neoliberal de entrega del patrimonio nacional y en la lucha contra los despidos, la eliminación de los convenios, el congelamiento salarial y la precarización en nuestro ámbito.

Esta lucha no ha concluido porque no se han resuelto las demandas planteadas. Por eso vamos al paro convocado por la CTA en el mes de noviembre ante la falta de respuesta del gobierno sobre el pliego de reivindicaciones, entre ellas la derogación del Impuesto al Salario; la unificación y eliminación de los topes de las Asignaciones Familiares; un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde con el costo de la Canasta Familiar; el rechazo a la Ley de ART; un aumento de emergencia para los jubilados y el reclamo por el 82 por ciento móvil; y la derogación de la Ley Antiterrorista.

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