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Uruguay (Huelga de hambre): El lunes 12 de noviembre comienza el control obrero si no hay soluciones

Actualizamos la información sobre la lucha de los trabajadores del gas en Uruguay, amigos/as y compañeros/as de la FeTERA y la CTA Autónoma de la Argentina, que están llevando adelante una extensa huelga de hambre contra los despidos masivos que quiere realizar en ese país la empresa Petrobras en el sector del gas.

 

Comunicado:

El día 16 de octubre nos vimos obligados a instalar una huelga de hambre ante el envío de 21 trabajadores al seguro de paro y la denuncia de los convenios colectivos por parte de PETROBRAS.

Esta fue la respuesta negativa que adoptó ante la propuesta del Poder Ejecutivo del 28 de setiembre que contemplaba iniciativas económicas que beneficiaban al sector a cambio de que no hubiera seguros de paro y la instalación de una mesa de negociación para discutir el contenido de los convenios y otros temas que empresa y trabajadores planteábamos. A diferencia de la empresa nosotros la habíamos aceptado.

Si a las medidas del Ejecutivo le sumábamos los ahorros por la congelación de salarios que sufrimos desde julio de 2017 y los puestos de trabajo no repuestos desde esa misma fecha, excedíamos la cifra planteada inicialmente por la empresa como objetivo ante su supuesto déficit económico (U$S 900.000).

Por lo que quedó claro que las razones de las medidas de la multinacional no eran, ni son, para generar pretendidos ahorros sino una estrategia política para abonar a sus demandas arbitrales infundadas por U$S 170.000.000 contra el Estado, es decir, contra los uruguayos. Y éstas son el máximo exponente de la agresión neoliberal hacia el Uruguay, el Servicio Público de Gas Natural (cuya gestión ya no interesa a PETROBRAS) y los trabajadores.

A lo largo de estos días se han sucedido muestras de solidaridad desde múltiples sectores y organizaciones de todo tipo, incluido un paro general parcial y una enorme movilización y concentración en Plaza Independencia el pasado 31 de octubre, a la vez que gestiones diversas por parte de los diputados del Frente Amplio, el Comité en Defensa de la Democracia en Brasil y la Libertad de Lula, encabezado por el compañero Javier Miranda, el PITCNT, el Cardenal Daniel Sturla y la prevista para este viernes por parte de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Sin embargo al día de hoy PETROBRAS no ha dado señales de querer emprender el camino de una solución que sea justa para todas las partes.

Por otra parte ha quedado claro que esta situación excede lo que es un problema estrictamente laboral, ya que está en juego el interés nacional, con un servicio público cada vez más deteriorado que ha perdido 6.500 usuarios en los últimos años, sin planes comerciales y de inversión, incumpliendo las obligaciones de seguridad en las instalaciones de los usuarios que dispuso la URSEA, etc.

Es por ello que la situación amerita que el Poder Ejecutivo, y en particular el MIEM como custodio del contrato de concesión, establezca qué iniciativas piensa tomar respecto a la acción de PETROBRAS, sin que se produzcan más dilatorias.

Atendiendo al conjunto de la situación precedentemente descripta, y de acuerdo a la resolución de la Asamblea General del 2 de noviembre, la Comisión Directiva ha resuelto:

A. Solicitar al MTSS se convoque una tripartita para este viernes 9 de noviembre a los efectos de que cada parte, Poder Ejecutivo, PETROBRAS y los trabajadores podamos expresar, luego del tiempo que ha transcurrido desde la adopción por la empresa de las medidas referidas, qué aportes pueden

volcarse para dicha posible solución.

B. En caso de que no prospere esta negociación proceder a iniciar el control obrero de las instalaciones de MontevideoGas – Grupo PETROBRAS. Lo que implicará la ocupación de las mismas y la gestión de la empresa bajo la responsabilidad de la dirección del sindicato, cumpliéndose todas las tareas relacionadas con la faz operativa, administrativa y comercial.

 

C. Exigir, en el marco de la puesta en funcionamiento del control obrero, el retiro de PETROBRAS de la concesión por ser su continuidad extremadamente perjudicial para el país, el servicio público, los usuarios y los trabajadores.

 

 

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