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Noticias

La CTA Autónoma en la Asamblea de la OIT

Ginebra, Junio de 2018

La Argentina está sometida a un proceso creciente de reformas reaccionarias que afectan históricos derechos individuales, sociales y sindicales de las trabajadoras y los trabajadores, en actividad y pasivos.

Se trata de un fenómeno general en el mundo que hemos identificado como una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo, que se extiende a la naturaleza y su depredación para el caso latinoamericano y caribeño y otras latitudes del sur profundo. También se manifiesta como aliento exacerbado a la mercantilización compleja de la vida y sus condiciones de reproducción, el consumismo y la obsolescencia programada para completar al conjunto de la sociedad en la ofensiva del capital.

La ofensiva capitalista se procesa desde hace más de cuatro décadas y está asociada a la súper explotación de la Fuerza de Trabajo en todo el planeta, acompañado de fenómenos de flexibilización salarial y laboral, tercerización en la contratación y pérdidas de derechos históricamente conquistados. Situación agravada con la discriminación hacia las mujeres y especialmente a los jóvenes, más aún con procesos de feminización del empleo y la pobreza

No sorprende el cambio climático y la afectación del medio ambiente derivado del modelo productivo y de desarrollo que privilegia la búsqueda de las ganancias y la acumulación de capitales por encima del cuidado del planeta y sus condiciones de reproducción para la vida del conjunto de la humanidad.

La extensión de la mercantilización capitalista a costa del ser social y la propia vida natural y humana explicitada en el agotamiento del planeta pone de manifiesto la centralidad en la ganancia empresaria por encima de cualquier consideración.

Por eso se viven tiempos de incertidumbre con crecimiento del trabajo improductivo en la fabricación de armas y elementos para la guerra y la destrucción, con militarización expresada en guerras de todo tipo y en variadas regiones. Crece el armamentismo y procesos de injerencia en asuntos nacionales que se viven dramáticamente por los pueblos afectados y amenazados.

No es menor para el desarrollo la promoción creciente del delito económico en el avance del armamentismo y la guerra, el narcotráfico y la trata de personas, asociado a la especulación financiera y un papel de los principales Estados del capitalismo en el mundo para sostener los intereses de los grandes capitales que hegemonizan el sistema mundial y protagonizan en la actualidad un recrudecimiento de la ofensiva contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Sin perjuicio de los fenómenos globales, todo lo mencionado tiene especificidad nacional y es lo que pretendemos enfatizar en este informe que presentamos desde la CTA Autónoma a la Asamblea anual de la OIT, denunciando la tendencia a compartir el objetivo de restricción de derechos laborales en el acuerdo de la mayoría de los Estados nacionales con el sector empresario hegemónico, y lamentablemente, en casos, con la complicidad de un viejo modelo sindical.

Situación en Argentina

El cuadro de situación  local resulta de elevada complejidad y preocupación, ya que desde diciembre del 2015, bajo la administración de Mauricio Macri se definió como objetivo central el aliento a reformas estructurales, entre las principales las reformas del régimen previsional y laboral.

Preocupa la cuestión por el nuevo papel asumido desde la Argentina en el sistema mundial, sea por la realización de la 11° Ministerial de la OMC en Buenos aires en diciembre del 2017 que pretendió avanzar en la liberalización de la economía a costa de los derechos laborales y sociales de trabajadoras y trabajadores.
Es una cuestión que adquiere relevancia durante el 2018 con la coordinación argentina del G20, que despliega actividades diversas durante el año, especialmente relativas a la problemática del trabajo en la actualidad ante el desarrollo científico técnico aplicado a la producción de bienes y servicios. Es un tema relevante y propicio para discutir desde los intereses de los trabajadores y trabajadoras, algo no muy presente en la agenda de los principales animadores entre los gobiernos del G20.

La Cumbre Presidencial del G20 está prevista para el 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2018 y como CTA Autónoma estamos protagonizando debates en todo el territorio nacional para esclarecer sobre los puntos de vista confrontados sobre la cuestión del “trabajo”, entre empresarios transnacionales hegemónicos del sistema mundial, asociados a los principales Estados del capitalismo mundial, apoyados por organismos internacionales y lógico, nuestro punto de vista diferenciado para defender intereses y derechos laborales y sindicales.

En ese contexto se pretende avanzar en la Argentina con las reformas laborales que se tramitan en diferentes países del mundo, casos emblemáticos por su difusión mediática, en Brasil o Francia.
Más allá de los avances en normas jurídicas, la política económica impacta sobre las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores en actividad y/o pasivos.

Es preocupante la inflación, que reconoce un 40% para 2016, un 24% para 2017 y una proyección similar para 2018, construyendo a la Argentina en uno de los países de mayor inflación del mundo.

El fenómeno inflacionario es un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso que afecta los salarios e ingresos del sector laboral, activo y pasivo, más aún cuando se establecen mecanismos de techo a la demanda salarial en negociaciones colectivas, establecidas y condicionadas por la política del gobierno y las principales patronales, a veces aceptada por el sindicalismo tradicional.

Solo para 2018 se espera una inflación en torno al 25% y el techo a la actualización salarial se estableció en el 15%, y son muy pocas las organizaciones sindicales que superaron ese límite en discusiones de convenciones colectivas de trabajo.

En ese sentido cabe aclarar que los trabajadores y las trabajadoras bajo convenio constituyen una parte limitada del conjunto y por ende, desde la CTA Autónoma denunciamos en la OIT la necesidad de extender la realización de convenios colectivos de trabajo a toda la actividad. Entre muchas organizaciones a quienes se les niega la posibilidad, traemos a esta Asamblea el caso de la Federación Judicial Argentina, FJA, que por muchos años demanda ante la OIT la discriminación que supone para esos trabajadores y trabajadoras la exclusión de la discusión de Convenios Colectivos de Trabajo. Del mismo modo expresamos nuestro reiterado repudio a la exoneración sindical del dirigente docente de Tierra del Fuego, Horacio Catena, Secretario General de la CTA Autónoma en su Provincia. También insistimos ante esta Asamblea por el no otorgamiento de la personería a la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA, organización adherida a nuestra CTA Autónoma, aun cuando la justicia se pronunció al respecto. Una vez más insistiremos ante la OIT por la personería gremial de nuestra CTA Autónoma. Son todos casos que hablan de las limitaciones de fondo a la democracia y libertad sindical en la Argentina.

Vale destacar que entre 30 y 40% de la población trabajadora lo hace en condiciones de irregularidad, en general llamado “trabajo en negro”, lo que evidencia la impunidad empresaria y entre ella al propio Estado, nacional, provincial o municipal, que siendo el principal empleador en la Argentina, mantiene a millones de trabajadores en condiciones de contratos precarios y bajo ingreso.

No es un problema nuevo ni exclusivo de la Nación Argentina. Como sugerimos, es un problema del capitalismo mundial en el marco de la ofensiva capitalista desde comienzos de los años 70, pero exacerbado bajo la administración Macri desde diciembre del 2015.

La reforma previsional y laboral

El diciembre del 2017 se avanzó en reformas parciales al régimen previsional, con especial afectación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados en la Argentina.

Luego del triunfo electoral de medio turno en octubre del 2017, el gobierno Macri se propuso avanzar con las reformas estructurales, asociadas a un proceso continuo de ajuste fiscal.

En este sentido, el ajuste promovió la baja del gasto social, lo que se concentró en reducción del empleo público y baja de salarios, vía inflación y ralentización de la actualización de ingresos salariales. Es una situación agravada por el crecimiento del endeudamiento público que acrecienta las obligaciones del Estado, especialmente en materia de intereses de la deuda, que hace aumentar el déficit y convoca a mayores recortes en áreas sociales sensibles, como el empleo y el ingreso de trabajadoras y trabajadores estatales.

Un tema importante remite a la actualización de las tarifas de servicios públicos, que intentan resolver rentabilidad de las empresas a costa de la mayoría de la población empobrecida. El trasfondo d ela cuestión va más allá de los ingresos y su distribución, y se asocia al régimen de privatizaciones y extranjerización de la economía procesado desde los 90´del siglo pasado.

La ofensiva gubernamental se explicitó con el avance de las reformas del régimen previsional y el laboral, lo que generó una indignada respuesta popular en diciembre del 2017, que dado el grado de masividad postergó por días el tratamiento parlamentario del proyecto del poder ejecutivo. La represión social fue una de las respuestas del gobierno ante la masiva protesta social.

El resultado derivó en la aprobación de una parte de la reforma previsional, la que remite a la fórmula de actualización de los ingresos previsionales y la postergación para más adelante de otros aspectos que hacen al régimen de jubilaciones y pensiones. En el mismo sentido se resolvió sobre la reforma laboral, suspendiendo su tratamiento para más adelante.

La actualización de jubilaciones y pensiones y otros beneficios sociales será ahora trimestral y ajustada por inflación, desde un piso de ingresos mínimos que apenas cubre el 50% de la canasta necesaria para la población jubilada y pensionada. El ahorro anunciado por el propio Estado asciende a los 100.000 millones de pesos anuales, evidenciando el ajuste estatal a cuenta del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría empobrecida de la población pensionada y jubilada, como perceptores de planes sociales.
En simultáneo con la celebración del 1° de mayo de 2018, el gobierno retomó la presión parlamentaria por una reforma laboral, que incluye la eliminación del sueldo anual complementario y otros pagos diversos como base de cuenta de las indemnizaciones por despidos. Además, sostiene la creación de un fondo de despidos para aliviar la carga empresaria al momento de proceder a los despidos.

Se trata de una iniciativa que va contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras con el efecto de favorecer la ganancias, bajar el costo laboral y de producción.

Cabe agregar que la iniciativa se desplegó en simultáneo a una corrida cambiaria que provocó durante las primeras semanas de mayo una fuerte devaluación monetaria, cercana al 30% desde comienzos de año y con efectos regresivos en los ingresos populares.

La corrida supuso pérdidas de reservas internacionales para satisfacer la agresiva demanda de la especulación financiera, generando enormes ganancias especulativas y que terminan en una solicitud de asistencia al FMI, quien afirmará la demanda por el ajuste y las reformas estructurales

La CTA Autónoma rechazó las negociaciones con el FMI y demandó al gobierno la convocatoria al Consejo del Salario para que funcione en plenitud de sus objetivos relativos al salario mínimo, vital y móvil, pero también referido a la cuestión del empleo y la productividad.

Consideraciones finales

Somos conscientes que las reformas previsionales y laborales están en la agenda prioritaria del orden mundial, como forma de trasladar a la gran masa trabajadora del mundo el costo de las dificultades para el proceso generalizado de valorización de capitales en el ámbito global.

En este plano queremos enfatizar que somos parte de una experiencia de organización de trabajadoras y trabajadores que en el mundo se propone como nuevo modelo de organización sindical para luchar por el mantenimiento y ampliación de la democracia y la libertad sindical.

La OIT resulta un ámbito para el debate permanente sobre los problemas mencionados, donde los trabajadores y las trabajadoras, la mayoría de la población mundial, necesitan ser algo más que una tercera parte del proceso de negociación global entre el capital y el trabajo.

Venimos a esta Asamblea para afirmar el nuevo papel de la OIT en la víspera del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, que a un siglo de su creación necesita redefinir sus propósitos, que en nuestro caso deben promoverse y sustentarse en la defensa de los derechos laborales asociados a los desafíos sociales de la humanidad por la emancipación del trabajo contra la explotación y depredación natural del modelo productivo y de desarrollo imperante en el capitalismo mundial.

Con ese espíritu nos asociamos el lema que sostiene que “sin unidad no hay destino” y por eso en la Argentina somos activos convocantes de procesos de unidad de acción, como el “movimiento 21F”, surgido de una inmensa movilización el 21 de febrero pasado contra el ajuste y las reformas previsionales y laborales, que congrega a las distintas centrales sindicales y a movimientos sociales, expresión de la precariedad en la contratación de la fuerza de trabajo. Desde la CTA Autónoma estamos convencidos de la necesidad de la UNIDAD para resolver los acuciantes problemas de nuestro tiempo.

En tanto constructores de la cotidianeidad material y simbólica desde el acto de trabajar, las trabajadoras y trabajadores continuaremos nuestra lucha por nuestros derechos y una perspectiva por la emancipación social, máxime cuando se habla del fin de muchos oficios y actividades laborales a cambio de la tecnología, la innovación, la robótica y todo lo que trae las nuevas formas de producción. Con ese espíritu y sentido participamos de este debate de la OIT.

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018
 

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